Madrid, 27 de julio de 2025 – La Agencia Tributaria ha anunciado la entrada en vigor de una nueva normativa que exigirá a todas las empresas y trabajadores autónomos operar, a partir de 2026, con programas informáticos de facturación certificados por Hacienda, conforme al reglamento de la Ley Antifraude.
Esta medida tiene como objetivo prevenir la manipulación de facturas y registros contables, imponiendo un sistema de trazabilidad y control que garantice que cada factura emitida sea única, inalterable y verificable.
Fechas clave:
-
29 de julio de 2025: los fabricantes y distribuidores de software deberán vender únicamente programas homologados por la Agencia Tributaria.
-
1 de enero de 2026: entra en vigor la obligación para todas las sociedades mercantiles.
-
1 de julio de 2026: se amplía la exigencia a autónomos y profesionales que emitan facturas.
¿En qué consiste el nuevo sistema?
La nueva obligación implica que el software de facturación debe:
-
Generar un registro digital único por cada factura emitida.
-
Incluir un código QR que facilite su verificación por parte del cliente o la administración.
-
Garantizar que las facturas no puedan ser alteradas ni eliminadas posteriormente.
Además, quienes lo deseen podrán acogerse a la modalidad Verifactu, mediante la cual cada factura se enviará automáticamente a la Agencia Tributaria en tiempo real.
Los contribuyentes que no dispongan de un programa informático podrán utilizar un formulario gratuito online de la AEAT compatible con estos requisitos.
Sanciones
El incumplimiento de esta normativa tendrá consecuencias económicas severas:
-
Las empresas proveedoras de software podrán recibir multas de hasta 150.000 euros por ejercicio fiscal si ofrecen programas que no cumplen con los requisitos.
-
Las empresas y autónomos usuarios se enfrentan a sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio si continúan utilizando sistemas no autorizados.
Objetivo: control fiscal y modernización
Esta reforma, enmarcada en la Ley 11/2021 de medidas de prevención del fraude fiscal, responde al compromiso del Gobierno de digitalizar la gestión tributaria, reducir la economía sumergida y facilitar el cruce de datos en tiempo real.
También se alinea con otras iniciativas como la Ley Crea y Crece, que obliga progresivamente a implantar la facturación electrónica entre empresas.
