Madrid, 29 de julio de 2025 – El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, lo que lo sitúa a un paso del banquillo. El caso supone un escándalo institucional sin precedentes en la democracia española: quien dirige la acusación pública será juzgado por vulnerar el derecho a la intimidad procesal en un caso vinculado directamente a la oposición política.
El origen del escándalo: filtración con nombre y apellidos
La causa nace tras la filtración de un correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía la existencia de un acuerdo con la Fiscalía por fraude fiscal. El texto, protegido por secreto profesional, fue difundido desde la Fiscalía General del Estado a diversos medios de comunicación, vulnerando derechos fundamentales.
El Supremo considera que hay indicios sólidos de conducta delictiva, al advertir incluso que partes relevantes del expediente fueron eliminadas para obstruir la investigación. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, fue contundente: “La conducta del fiscal general excede lo que puede entenderse como un error administrativo”.
Una justicia que actúa, un Gobierno que calla
A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su apoyo explícito a García Ortiz, negándose a cesarlo y amparándose en tecnicismos legales. El fiscal general se encuentra en situación de “servicios especiales”, lo que le permite evitar la suspensión automática del cargo, aunque su permanencia mina la credibilidad institucional del Ministerio Fiscal.
Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido su dimisión inmediata, acusando al Ejecutivo de amparar una instrumentalización política de la justicia. “No puede perseguir delitos quien está a punto de ser juzgado por cometer uno”, afirmó.
El Supremo desautoriza al fiscal, pero archiva a su subordinada
En paralelo, el Tribunal Supremo ha archivado por unanimidad el procesamiento de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, al no encontrar pruebas que sustenten su implicación en los hechos. Esta decisión aísla aún más a García Ortiz, quien ya no puede refugiarse en una causa colectiva.
De seguir adelante el proceso, García Ortiz se enfrentaría a:
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Entre 1 y 4 años de prisión,
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Multa económica,
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Suspensión o inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Se trataría del primer fiscal general del Estado juzgado en pleno ejercicio del cargo desde la transición democrática. Aunque el procedimiento queda de momento suspendido por recursos pendientes, el Supremo ya ha despejado el camino hacia el juicio oral.
El caso García Ortiz no es una anécdota judicial: es el reflejo de una deriva institucional alarmante. Un fiscal general cuestionado, una filtración dirigida contra la oposición y un Gobierno que lo protege a toda costa dibujan un escenario donde la independencia del Ministerio Público queda gravemente comprometida. En lugar de ofrecer explicaciones, Moncloa se atrinchera. Y mientras tanto, quien debería garantizar el respeto a la ley, se prepara para sentarse ante un juez.
