El Gobierno ha remitido al Congreso su proyecto de ley para la “mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. Bajo ese título amable se esconde una norma que otorga a la CNMC competencias ampliadas sobre plataformas digitales y medios, convierte a este organismo en árbitro de lo que se puede publicar o difundir, y abre la puerta a un registro estatal de medios de comunicación.
Según el ministro Óscar López, se trata de adaptar España a la normativa europea y reforzar la transparencia. Pero en la práctica, el texto otorga al Estado una capacidad inédita de supervisión, sanción y control sobre la información. Las plataformas deberán habilitar canales para denunciar “contenidos ilícitos”, la CNMC certificará quién es un “verificador fiable” y se establecerá un registro obligatorio de medios con datos sobre su propiedad e inversión publicitaria.
Todo suena a pluralismo y derechos digitales, pero la experiencia enseña que cuando los políticos hablan de “mejorar la democracia” lo que buscan es blindarse frente a la crítica. ¿Quién decide qué es un contenido ilícito? ¿Quién nombra a los verificadores fiables? ¿Qué ocurrirá con los medios que incomoden al poder?
La publicidad basada en datos sensibles quedará prohibida, lo cual es razonable, pero mientras se habla de proteger a los ciudadanos del “odio” o la “manipulación”, se construye un marco perfecto para vigilar, amedrentar y condicionar el trabajo de periodistas y medios independientes.
En un país donde los grandes grupos de comunicación ya dependen de la publicidad institucional, añadir un registro estatal coordinado desde la CNMC huele más a control gubernamental que a transparencia democrática.
El Ejecutivo lo vende como un escudo contra el acoso digital. Pero en realidad puede convertirse en un escudo contra la disidencia informativa. Y eso, lejos de fortalecer la democracia, la empobrece.
