Hace no mucho hablamos en otro artículo del alto coste que supone la inmigración, a través de un estudio holandés del Instituto de Economía Laboral (IZA); sus conclusiones concuerdan con otro estudio del Centro Común de Investigación y de la Comisión Europea, nada sospechosa de estar en contra de la inmigración. Ambos estudios concluyen que la inmigración mayoritariamente tiene un impacto fiscal negativo y supone un gasto adicional para los países de acogida, como en el caso de Holanda.
¿Pero qué hay del caso español? Recientemente el economista Jesús Fernández-Villaverde, doctor por la Universidad de Minnesota y catedrático en la Universidad de Pennsylvania, a raíz de un cálculo que realizó cuando trabajaba como consultor externo para la oficina económica del presidente del Gobierno, durante el mandato de Zapatero en 2007, estimó que cada inmigrante no cualificado suponía un gasto para el estado de 200.000 euros a lo largo de toda su vida. Este dato está en armonía con los estudios antes mencionados.
El economista explicó en su perfil de la red social X que esta información no salió a la luz por considerarse un tema sensible. Frente a los escépticos, Jesús Fernández-Villaverde expuso el caso de Dinamarca, que tras estudiar el coste de los inmigrantes de según que regiones, como el norte de África u Oriente Medio, ha reforzado y restringido su política migratoria, aumentando el número de expulsiones. Además, frente a la demanda del Gobierno de traer 3,5 millones de extranjeros en la próxima década a España para compensar las jubilaciones, propone reducir el número de inmigrantes y remigrar entre 3 y 4 millones. El economista argumenta que esta medida beneficiaría especialmente a los jóvenes.
La solución para compensar las jubilaciones trayendo indefinidamente inmigrantes no es tal y en ello coinciden numerosos expertos. Y es que la inmigración no ha evitado que se implementen políticas neo-liberales como la jubilación reversible en nuestro país.
Llega a conclusiones similares otro estudio publicado en enero por la Fundación NEOS titulado: Inmigración en España: buenismo o eficacia. Elaborado por los expertos Luis Zayas, Jorge Soley, Alejandro Macarrón, Fernando Rosado y Carlos Beltramo. Este estudio afirma que el exceso de inmigración en España tiene un coste para las arcas públicas de 30.000 millones de euros anuales, a lo que añade la presión que ejerce la inmigración en los servicios públicos y en el mercado laboral. Se recalca también que la inmigración debería ser la precisa para cubrir vacantes en el mercado laboral, sin embargo se señala que hay 1,4 millones de nacidos en el extranjero en paro, a lo que se añaden familiares y personas dependientes, que serían unos 2 millones de personas beneficiadas de prestaciones y servicios públicos.
Con respecto a la presión que ejerce la inmigración en el mercado laboral, el estudio afirma que con muchos menos inmigrantes habría más españoles con empleo, lo que supondría un menor gasto público. A este hecho se puede añadir que la inmigración masiva, solicitada constantemente por la patronal, tiene como consecuencia la devaluación de los salarios, lo que hace que los trabajadores contribuyan menos. El estudio también explica que la inmigración no es una solución para el mantenimiento de la Seguridad Social.
Frente a los que presentan a la inmigración como solución a los problemas que existen en el actual Estado de Bienestar, hay que señalar varias cuestiones: como son el mayor desempleo entre varias de las nacionalidades más numerosas como la marroquí, la menor contribución al estado de las mismas y el hecho de que proporcionalmente los extranjeros reciben más ayudas sociales.
Que el actual Modelo Migratorio supone un enorme gasto público para España es algo evidente. Es uno de los muchos problemas que acarrea la inmigración masiva en nuestro país, junto con el aumento de la inseguridad, la devaluación de los salarios, el aumento del precio de la vivienda o la creciente amenaza islamista.
