Alemania y Francia anuncian recortes, ¿España será el siguiente?

Los gobiernos de Alemania y Francia ya han comenzado a advertir de recortes en sus medidas sociales para paliar la deuda advirtiendo de la crisis del modelo de Estado Social

Los gobiernos de Alemania y Francia ya han comenzado a advertir de recortes en sus medidas sociales para paliar la deuda, advirtiendo de la crisis del modelo de Estado social.

A finales de agosto, el canciller alemán Friedrich Merz emitió unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que “el estado de bienestar actual de Alemania ya no es financieramente viable». Estas declaraciones eran una advertencia al pueblo alemán de las medidas de recorte que, en breve, se anunciarían, anticipando que los recortes se harían en algunas de las prestaciones sociales.

El 30 de agosto, Merz fue aún más claro, indicando que sería necesario iniciar recortes a fin de fomentar el empleo y el crecimiento en el país. En sus declaraciones en el congreso de su partido CDU indicó literalmente: «Tal y como está ahora, especialmente en lo que respecta al llamado ingreso básico, no puede seguir así y no seguirá así». Dejando muy claro y patente que el sistema actual ya no es sostenible con la situación económica y los ingresos generados en el país.

Justificando la necesidad de medidas para fomentar el empleo y el crecimiento, apoyándose además en los jóvenes para defender estas medidas. Según el canciller, el gobierno quiere y debe cambiar la situación para que los jóvenes puedan disfrutar de la prosperidad de la que han gozado otras generaciones de alemanes. En sus palabras: “Se trata de un camino arduo”, pero está firmemente decidido a recorrer este camino y a conseguir que esta coalición revierta la situación.

Merz considera que es posible incrementar el endeudamiento para defensa e infraestructura, pero que es necesario ahorrar, indicando que «si realmente queremos invertir el dinero que ahora estamos obteniendo adicionalmente con deuda, entonces el gasto público no puede seguir creciendo sin límites».

Las primeras medidas que se plantean están relacionadas con las pensiones. Aunque las ayudas por enfermedad, dependencia y pensiones no se verán afectadas directamente, sí que se plantean otras medidas de ahorro. Ante el envejecimiento poblacional y un déficit de 408.000 millones de euros en el sistema de pensiones, el gobierno propone incentivos fiscales para que los mayores de 66 años sigan trabajando y un posible aumento de la edad de jubilación a 70 años. Y ha anunciado la creación de una comisión independiente que presentará reformas estructurales en 2027.

Otros recortes y medidas planeados son la reducción del subsidio del paro de larga duración en un 10%, lo que supondría un ahorro de 5.000 millones de euros anuales. Y, en esta línea, también se aplicarán sanciones a quienes rechacen repetidamente ofertas de empleo.

Se recortará además la ayuda al desarrollo internacional.

Pero el gran afectado será el sistema de renta básica universal (Bürgergeld), que es algo equivalente al Ingreso Mínimo Vital español. Esta ayuda está dirigida a personas en edad de trabajar (capaces de trabajar al menos 3 horas al día). Para acceder a ella se requiere residencia legal en Alemania, y se concede a quienes no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Para ello se evalúan los ingresos y patrimonio de todos los miembros del hogar. Y, para renovarla y mantenerla, se exige participación activa en programas de empleo o formación. En la actualidad, los principales beneficiarios son personas desempleadas de larga duración; familias monoparentales con bajos ingresos; jóvenes sin formación ni empleo; refugiados y solicitantes de asilo (a través de regímenes específicos), y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Para esta ayuda ya se ha anunciado que se limitará en duración y se endurecerán los requisitos para obtenerla. Y, sobre todo, que se reorientará con el fin de que fomente la búsqueda de empleo y reduzca la dependencia del Estado.

Alemania tiene un amplio programa de ayudas, como el Elterngeld, consistente en apoyo financiero tras el nacimiento de un hijo; Kindergeld, asignación mensual por hijo para familias con hijos; Wohngeld, subsidio para alquiler para hogares con bajos ingresos; el Krankengeld, subsidio por enfermedad para trabajadores incapacitados temporalmente; el Pflegeversicherung, que es un seguro de dependencia para personas con necesidades de cuidados, y el Weiterbildungsgeld, apoyo para formación profesional destinado a desempleados necesitados de reciclaje laboral.

Los inmigrantes también pueden beneficiarse de ayudas sociales en Alemania, siempre que cumplan ciertos requisitos legales y administrativos, pudiendo acceder a subsidios sociales básicos o al Bürgergeld.

Aunque se ha prometido mantener prestaciones como las pensiones y ayudas por dependencia, de este otro tipo de ayudas sociales no se ha hecho ninguna mención al respecto, lo que genera incertidumbre.

La evolución del Estado social en los últimos años ha sido que Alemania ha pasado de la fortaleza social a reformas para hacerlo sostenible. Entre los años 2015 y 2020 fue una época de reformas. En 2015 se introdujo el salario mínimo bajo el gobierno de Angela Merkel, también mejoraron algunos tipos de pensiones y se reforzó la sanidad pública. En esta época, el sistema social era uno de los más sólidos del mundo, con un gasto social del 30,3% del PIB. A partir de 2020, y para paliar el impacto del COVID-19, el gobierno asumió un papel activo en la protección del empleo (Kurzarbeit), lo que elevó el gasto y la deuda. La crisis energética de 2022 (por la guerra en Ucrania) afectó gravemente a la industria y disparó los costes sociales. El Bürgergeld (equivalente al ingreso mínimo vital) se introdujo oficialmente en 2023, siendo presentado por el entonces ministro de Trabajo, Hubertus Heil, como “la mayor reforma del Estado de bienestar en 20 años”. La situación ha evolucionado hasta 2025, en el que el canciller Merz reconoció que el país “vive por encima de sus posibilidades”.

De momento, no ha causado dimisiones ni cambios en los altos cargos políticos, pero hay tensiones internas en la coalición de gobierno, especialmente con los Verdes y los sindicatos, que temen una erosión del contrato social alemán.

Una situación similar se vive en Francia, de una manera más agresiva que en Alemania.

Y así, mientras en Alemania hay un cierto descontento social, en Francia, al ser más duras las medidas y por la propia tradición francesa de reivindicación, ya han comenzado movimientos de condena de estas medidas por parte de los ciudadanos.

El comienzo claro de esta situación fue el 15 de julio, con el anuncio del plan de austeridad del primer ministro François Bayrou. En este plan de ajuste presupuestario, que busca reducir el déficit en 43.800 millones de euros, se anuncian una serie de medidas. Entre ellas, congelación de pensiones y salarios en 2026 (no se ajustarán a la inflación), reducción de gasto sanitario (la franquicia de medicamentos sube de 50 a 100 euros), supresión de dos días festivos (Lunes de Pascua y 8 de mayo) y la revisión de asignaciones a pensionistas.

Este primer anuncio de medidas lleva a una crisis política, cuando Bayrou indica que el modelo social francés debe ser cuestionado por su insostenibilidad. Y también se expresa, como su homólogo alemán, en términos de “que el país vive por encima de sus posibilidades”, anunciando la inminente necesidad de recortar el gasto público, ya que la deuda pública francesa supera el 114% del PIB.

El 8 de septiembre, el Parlamento rechaza el plan de austeridad y Bayrou dimite tras perder una moción de censura, lo que intensifica la crisis política y acaba desembocando en protestas masivas que comienzan el 10 de septiembre. El movimiento ciudadano “Bloqueemos todo” paraliza autopistas y estaciones en ciudades como París, Lyon y Marsella. Se reportan más de 200 detenidos, enfrentamientos con la policía y actos de sabotaje. El movimiento “Bloqueemos todo” no es solo sindical, sino transversal, con participación de jóvenes, jubilados y trabajadores precarios.

El nuevo primer ministro Sébastien Lecornu enfrenta una fuerte presión social.

En la actualidad, el gasto social representa más del 30% del presupuesto nacional, y las pensiones y sanidad son los principales focos de presión.

Además de las primeras medidas anunciadas en los primeros momentos, se comunican otras políticas de recorte, como reducción de empleados públicos: se eliminarán 3.000 plazas. Cambios en la gestión de bajas laborales y cambios en impuestos, como la “Contribución solidaria para rentas altas”, nuevos impuestos para quienes ganan más, y un incremento de la lucha contra el fraude fiscal con mejora en detección y recuperación de sanciones. Y, como Alemania, está analizando implantar recortes en gasto social y sanitario, lo que incluye ayudas sociales, salud pública y subsidios. Además de la revisión del seguro de desempleo, se plantea modificar las condiciones de acceso.

Francia cuenta con un sistema de protección social muy amplio, que incluye seguro de desempleo, asignaciones familiares (Allocations familiales), ayuda mensual para familias con hijos, a partir del segundo hijo; subsidio de vivienda (APL), ayuda para pagar el alquiler o hipoteca, gestionada por la CAF (Caisse d’Allocations Familiales); prestaciones por discapacidad, que incluyen pensiones y ayudas para adaptar viviendas y facilitar la movilidad de personas con discapacidad; subsidios de apoyo familiar para familias monoparentales o con pensiones alimenticias impagadas, y prestaciones por nacimiento y crianza (PAJE), que incluyen primas por nacimiento/adopción, subsidios mensuales y ayudas para el cuidado infantil.

Los principales beneficiarios de estas ayudas son las familias con hijos, padres y madres solteros, las personas mayores y jubiladas, personas con discapacidad, los desempleados, personas con bajos ingresos o enfermos.

Al contrario que Alemania, se le da menos peso a las ayudas para la formación profesional en jóvenes o en mayores que necesiten reciclarse profesionalmente. Y también, como Alemania, tiene ayudas para inmigrantes.

Los inmigrantes también pueden beneficiarse de las ayudas sociales en Francia, siempre que cumplan ciertos requisitos de residencia y situación legal. El sistema francés es bastante inclusivo, aunque existen diferencias según el tipo de permiso de residencia y el estatus migratorio. Los residentes legales (con permiso de residencia válido) tienen acceso a la mayoría de las prestaciones sociales, como subsidios familiares (CAF), ayuda al alquiler (APL), prestaciones por hijos (PAJE), seguro de desempleo (si han cotizado), ayuda médica (Complémentaire santé solidaire). Los solicitantes de asilo y refugiados tienen acceso a alojamiento temporal, ayuda sanitaria, cursos de francés y prestaciones básicas mientras se resuelve su situación. Y otros inmigrantes en situación vulnerable, aunque no tengan los papeles en regla, pueden recibir asistencia jurídica gratuita, ayuda alimentaria y ropa, apoyo psicológico y social y cursos de idioma e integración.

Este conjunto de ayudas sociales está en riesgo de ser recortado, aunque no se ha confirmado. El plan de recortes se aplicará entre 2026 y 2029, y tiene el objetivo de reducir el déficit al 2,8% del PIB para 2029.

La evolución del gasto social en los últimos años en Francia ha sido de un gasto social elevado y estancamiento estructural. Entre 2015 y 2020, expansión pero sin reformas profundas. Francia mantuvo un alto nivel de gasto público (57% del PIB en 2024), financiado en gran parte con deuda. Las reformas estructurales (pensiones, mercado laboral) fueron parciales o bloqueadas por protestas sociales (como los “chalecos amarillos”).

Entre 2020 y 2022, la crisis del COVID-19 disparó el gasto sanitario y de protección social. El déficit estructural se cronificó, y la deuda pública superó el 114% del PIB. En 2025 estalla la crisis política: el gobierno de Macron intentó un ajuste de 43.800 millones de euros, que fracasa por falta de apoyo parlamentario. Esto provoca la dimisión del primer ministro Bayrou y comienzan las protestas masivas que reflejan una ruptura entre el Estado y la sociedad, que rechaza perder derechos adquiridos.

Las razones que han llevado a esta situación en ambos países son, hasta cierto punto, parecidas.

La situación actual de recortes sociales y cuestionamiento del Estado social en Francia y Alemania es el resultado de una combinación de factores estructurales, económicos, políticos y geopolíticos. Las causas estructurales comunes son el envejecimiento poblacional. Ambos países enfrentan un desequilibrio demográfico: más jubilados que trabajadores activos. Esto presiona los sistemas de pensiones y salud, que fueron diseñados para poblaciones más jóvenes y con mayor crecimiento económico. Otra causa es el estancamiento económico: Alemania atraviesa una crisis estructural con caída de exportaciones, pérdida de competitividad industrial y descenso del empleo; Francia tiene un crecimiento débil y una deuda pública que supera el 114% del PIB, con un déficit fiscal del 5,8%. Y, recientemente, otra causa es el aumento del gasto militar: ambos gobiernos han incrementado el gasto en defensa para cumplir con los compromisos de la OTAN y responder al contexto geopolítico (Ucrania, tensiones con Rusia y China). Esto ha desplazado recursos del gasto social hacia el gasto estratégico.

Durante la última década, la combinación de crisis económicas, falta de reformas estructurales sostenibles y un modelo fiscal basado en deuda ha llevado al límite a los sistemas de bienestar en Francia y Alemania. La presión demográfica y la pérdida de competitividad han obligado a los gobiernos a elegir entre ajustar el Estado social o arriesgar la estabilidad financiera.

Ahora se plantea como una encrucijada en la que elegir entre Estado social y Estado sostenible, y la realidad es que puede haber un Estado social sostenible, pero con políticas bien aplicadas, que es lo que no ha ocurrido.

Si analizamos las principales teorías económicas sobre el Estado social, hay varias. Entre ellas, el keynesianismo, que propone que el Estado debe intervenir activamente en la economía para garantizar el empleo y el bienestar. Justifica el gasto público en servicios sociales como motor del crecimiento económico en tiempos de crisis. Fue la base del Estado de bienestar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Pone principal foco en que el gasto público debe servir para estimular la demanda, y también debe incluir políticas monetarias para facilitar el crédito, así como políticas fiscales expansivas (más gasto, menos impuestos). Y, sobre todo, aboga por el multiplicador keynesiano, que considera que el gasto público puede tener un efecto multiplicador en la economía. Si el Estado invierte, por ejemplo, en infraestructura, eso genera empleo, que a su vez genera consumo, y así sucesivamente. Es decir, no tiene un enfoque social tan asistencialista, sino que cree que la intervención del gobierno debe dinamizar la economía.

La economía del bienestar evalúa el impacto de las políticas públicas en el bienestar social. Busca maximizar la utilidad colectiva y reducir desigualdades mediante redistribución fiscal, servicios públicos y protección social.

En el otro extremo estaría el neoliberalismo, que defiende la mínima intervención estatal, la privatización de servicios y la desregulación. Considera que el mercado es más eficiente que el Estado en la asignación de recursos. Ha influido en las reformas que reducen el alcance del Estado social, especialmente desde los años 80.

Esto nos lleva a la teoría de los regímenes de bienestar (Esping-Andersen). Clasifica los modelos de Estado social en tres tipos:

• Liberal (EE. UU.): mínimo apoyo estatal, mercado dominante.

• Corporativista (Alemania): basado en contribuciones laborales, fuerte vínculo con empleo.

• Socialdemócrata (países nórdicos): universal, basado en ciudadanía, alto gasto público.

Francia ha aplicado un modelo mixto entre socialdemócrata y corporativista: alto gasto público (57% del PIB), servicios universales y fuerte presencia estatal. Pero con estos errores y fallos:

• Financiación vía deuda crónica: se han financiado gastos ordinarios con crédito, generando una adicción al endeudamiento.

• Falta de reformas estructurales: resistencia política y social a cambios en pensiones, empleo público y sanidad.

• Desconexión entre gasto y productividad: el modelo no ha incentivado suficientemente la innovación ni la competitividad.

• Fragmentación política: gobiernos sin mayoría parlamentaria han dificultado la gobernanza y la planificación a largo plazo.

Alemania, el modelo aplicado allí es corporativista-contributivo, basado en seguros sociales financiados por cotizaciones laborales. El Estado actúa como regulador y garante. Con estos errores y fallos:

• Envejecimiento poblacional: el sistema contributivo se vuelve insostenible con menos cotizantes y más jubilados.

• Rigidez fiscal: el “freno a la deuda” constitucional limita la capacidad de respuesta en crisis.

• Pérdida de competitividad industrial: la economía alemana ha sufrido por la transición energética y la competencia global.

• Desigualdad intergeneracional: los jóvenes perciben que no recibirán los mismos beneficios que sus padres.

Aunque esta situación se ha evidenciado claramente en Alemania y Francia con imposición drástica de medidas, es una situación que se acabará produciendo en gran parte de Europa.

Durante décadas, el Modelo Social Europeo (MSE) fue un referente global por combinar crecimiento económico con cohesión social, derechos laborales y servicios públicos universales. Sin embargo, desde la crisis financiera de 2008, este modelo ha sido objeto de reformas, ajustes y cuestionamientos.

La Estrategia de Lisboa (2000) y el Tratado de Lisboa (2007) intentaron anclar el desarrollo económico en la inversión social, pero la crisis de 2008 y las políticas de austeridad posteriores debilitaron ese impulso. Desde entonces, el MSE ha sido percibido como un lastre competitivo frente a modelos más liberales, lo que ha generado fracturas políticas internas y desafección ciudadana.

El Estado social europeo ha sido víctima de su propio éxito: creó expectativas altas, pero no se adaptó a los cambios demográficos, económicos y geopolíticos. Las teorías que lo sustentan siguen siendo válidas, pero su aplicación ha sido incompleta, rígida o mal financiada.

Pero este modelo puede funcionar si se plantea como una adecuada combinación de gasto asistencial y gasto productivo. El gasto asistencial incluye pensiones, subsidios, ayudas sociales y prestaciones por desempleo. Tiene un efecto estabilizador (evita el colapso social), pero no genera crecimiento económico directo. Si se financia con deuda y no se acompaña de crecimiento, puede volverse insostenible. El gasto productivo mejora la competitividad, la productividad y el empleo a largo plazo. Es más eficiente desde el punto de vista fiscal y genera retornos.

¿Qué se ha hecho mal en Europa? Al priorizar el gasto asistencial se ha optado por la protección a corto plazo, pero no se ha generado crecimiento ni productividad. Lo que ha generado una infraestructura envejecida y una falta de inversión en transporte, digitalización, energía y educación. Se ha producido un déficit estructural, ya que el gasto corriente se ha financiado con deuda, sin retorno económico. Y se ha tenido falta de planificación estratégica, con políticas sociales sin conexión con objetivos económicos o industriales. A lo que se añade desigualdad territorial, porque la inversión está concentrada en grandes ciudades con el abandono de zonas rurales o industriales.

Se ha abogado por medidas cortoplacistas, que además no solucionan, sino que pueden cronificar la pobreza.

Las medidas de ayuda, sobre todo en algunos países, se han utilizado como arma electoralista.

Por otra parte, la fuerte regulación y burocracia tampoco facilita el crecimiento económico y hace perder competitividad.

El problema no es el gasto público en sí, sino cómo se distribuye. El Estado social ha funcionado como red de seguridad, pero ha fallado como motor de desarrollo. Para que sea sostenible, debe combinar protección social, inversión productiva y reforma fiscal progresiva, además de una planificación estratégica.

El Estado social puede funcionar, pero debe aplicarse bien. Y la cuestión ahora es que el ciudadano pagará las consecuencias de que sus políticos han fallado en la ejecución política, y no es que el “país haya vivido por encima de sus posibilidades”.

En todo caso, esta situación supone el fin del liderazgo franco-alemán tradicional, siendo estos países históricamente el motor político y normativo de la UE. Su influencia ha sido clave en la creación del euro, la política de cohesión y el diseño del Estado social europeo. Por lo que su crisis ha generado un vacío de liderazgo que debilita la capacidad de la UE para tomar decisiones ambiciosas y consensuadas.

Evidentemente, España se verá afectada por la crisis en Francia y Alemania por efectos directos o bien por políticas comunitarias de la UE que le sean aplicables. Y probablemente nos veamos abocados a una situación similar. Y es que España tiene un déficit y una deuda pública que la colocan en el grupo de países que deben presentar un Plan Fiscal Estructural ante Bruselas. El Banco de España estima que será necesario un ajuste anual de entre 6.000 y 9.000 millones de euros, lo que podría acumular hasta 40.000 millones en una década.

También hay un riesgo de contagio económico por el peso de Francia y Alemania como destino de las exportaciones españolas y su alta emisión de turistas hacia nuestro país. Además del riesgo de aumentar la prima de riesgo española por contagio financiero.

Y es previsible que haya cambios en presión fiscal europea, entendida como presión indirecta por comparación. Las reformas estructurales aplicadas en Alemania y Francia en pensiones, sanidad y empleo público pueden generar una normalización del ajuste social en Bruselas, presionando a España para seguir el mismo camino, especialmente si no cumple los objetivos de déficit y deuda.

Aunque el gobierno español ha prometido que no habrá recortes, el marco fiscal europeo exige ajustes que podrían afectar el gasto social si no se acompañan de reformas estructurales e inversiones productivas.

Y la realidad es que España tiene una situación estructural que podría estar en una situación aún más vulnerable que Francia y Alemania y que la sitúa en una posición de mayor riesgo, debido a:

• La fuerte presencia de economía sumergida, que representa el 16% del PIB, lo que reduce la recaudación y limita el gasto social.

• El desempleo estructural, que afecta la capacidad de financiación del Estado y la sostenibilidad del sistema de prestaciones.

• La desigualdad territorial, con grandes diferencias entre comunidades en inversión social por habitante.

• La alta esperanza de vida y el elevado porcentaje de pensiones no contributivas, más alto que el de Alemania y Francia.

Para evitar una crisis similar a la alemana o francesa, será clave reformar el sistema fiscal para aumentar ingresos sin afectar a los más vulnerables, invertir en gasto productivo (educación, innovación, infraestructuras) y fortalecer el consenso político y social sobre el modelo de bienestar.

Siempre se ha dicho popularmente: “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.