Mauritania es un país clave para la política migratoria española. Los acuerdos entre ambos países han puesto el foco en la necesidad de establecer una inmigración regulada y segura, disminuyendo la afluencia por la peligrosa ruta atlántica.
En 2024 la Unión Europea y España firmaron un acuerdo sobre la gestión de la inmigración con Mauritania. A cambio de 210 millones de euros el país africano se comprometió a controlar la inmigración y hacer disminuir el número de embarcaciones que toman la ruta atlántica hacia Canarias. Esa suma de dinero tiene el objetivo de desarrollar el país y contribuir al esfuerzo mauritano para efectuar ese control. Además los acuerdos prometieron otorgar otros 300 millones de euros más.
A simple vista parece un acuerdo justo. Un país se compromete a controlar sus propias fronteras porque su inacción (voluntaria o no) repercute en terceros, en este caso España, a cambio de millones de euros en ayudas para el desarrollo. Concretamente el archipiélago Canario sufre un colapso debido a la llegada masiva de inmigrantes desde hace años.
¿Qué resultados ha dado el acuerdo? En primer lugar debemos tener en cuenta que gran parte de las embarcaciones con destino a Canarias parten desde la costa mauritana. En 2024, año del acuerdo, llegaron por mar a las islas 46.843 inmigrantes ilegales, lo que supuso un máximo histórico. Hasta el 31 de octubre han llegado 14.099 inmigrantes ilegales, por lo que sí se aprecia una disminución en las llegadas, aunque el problema sigue estando muy lejos de resolverse.
No solo se trata de que la inmigración ilegal sigue presionando a las islas Canarias, si no que el gobierno español impulsa la inmigración legal desde Mauritania. Esto se ve reflejado en lo que se ha denominado como migración circular, que permite a la patronal contratar mano de obra extranjera en los países de origen. Aunque sea para trabajar en empleos temporales igualmente contribuye a agravar diversos problemas producidos por la inmigración masiva como la devaluación de los salarios. Además dado el bajísimo número de expulsiones de inmigrantes ilegales que realiza España, nada impide que extranjeros que vienen como por ejemplo, «turistas», permanezcan en el país.
La colaboración con países atravesados por rutas migratorias y emisores de inmigración es inevitable para establecer un control de la inmigración. A esto se ha solido llamar externalizar el control de las fronteras. Organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos, conocido por sus siglas en inglés HRW, ha sido muy crítica con este modelo de gestión. HRW denuncia abusos por parte de las autoridades mauritanas hacia los inmigrantes, especialmente en los centros de detención de inmigrantes.
El foco de la polémica se suele poner sobre España y la UE ¿Pero acaso no es Mauritania quien tiene la principal responsabilidad en el trato a los inmigrantes? Si, existe una cooperación entre España y Mauritania, pero sin una voluntad de este último en respetar los derechos humanos, nada se puede hacer. Debemos tener en cuenta que Mauritania fue el ultimo país en abolir la esclavitud en 1981, eso son 21 años después de su independencia de Francia en 1960, y que en la actualidad sigue existiendo conjuntamente con la segregación de la población negra. Nuestro país no tiene más remedio que colaborar con países como Mauritania para solucionar la cuestión migratoria. Y a la vista está que no se puede confiar en socios como Marruecos.
Al margen de las polémicas, España tiene el derecho de solucionar sus problemas internos, que en este caso son producidos por la falta de control de las fronteras de terceros países. España proporciona millones y millones de euros y los resultados son escasos. El gasto que supone la inmigración se incrementa y los resultados de la política migratoria del gobierno dejan mucho que desear.
