Las Zonas de Bajas Emisiones, un atentado contra los trabajadores
A partir de enero de 2026 miles de ciudadanos se verán forzados a prescindir de sus coches y buscar otra alternativa
La ZBE,más conocida como Zona de Bajas Emisiones ha vuelto a ser noticia durante los últimos meses. Si nada cambia, a partir del día 1 de enero de 2026 todos los coches sin etiqueta ambiental dejarán de poder entrar en las zonas del término municipal de Madrid. Estas medidas complementan las ya aprobadas hace varios años. Anteriormente se prohibía, salvo residentes en Madrid, poder entrar en la zona M-30. Desde hace tiempo ya existían otras zonas, la zona de Plaza Elíptica y Madrid Central, donde solo los coches con etiqueta podían acceder. Esta medida, lejos de ser una medida en favor de la sostenibilidad, por otro lado global, no únicamente europea, no deja de ser un medida discriminatoria, especialmente contra los trabajadores, los que más se ven perjudicados por estas políticas suicidas de nuestros políticos. Las consecuencias pueden ser devastadoras, pues muchos de esos coches son utilizados diariamente por los madrileños para ir a sus trabajos, compras, asuntos personales o cualquier otro tipo de actividad diaria. Todas las medidas se han aprobado en el nombre del progreso y de la sostenibilidad. Esta afirmación se desmonta fácilmente, pues diversos estudios han demostrado que algunos híbridos enchufables actuales consumen y contaminan más que muchos de sus homólogos de combustión. A pesar de ello, Europa los considera como vehículos limpios
Estas medidas fueron iniciadas con Carmena como alcaldesa de Madrid, pero si siguen hoy en día vigentes es gracias al PP, que lleva desde 2019, con Almeida a la cabeza, manteniendo los dictados de Europa. El caso del PP es destacable, ya que Almeida antes de llegar a la alcaldía había prometido quitar Madrid Central. Cuando ascendió a la alcaldía incumplió su promesa, evidenciando que tanto la izquierda con su discurso buenista sobre la sostenibilidad del planeta como la derecha con su demagogia han vuelto a abandonar a los madrileños.Y es que, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid por el PP, afirma que al estar obligada por la Ley de Cambio Climático, la normativa estatal y los compromisos europeos la Zona de Bajas Emisiones debe mantenerse. Estas advertencias van en consonancia con las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, donde ha afirmado que las medidas son necesarias, amparándose en que 1 de cada 5 de los viajes en coche son únicamente para desplazamientos de menos de un kilómetro. Parece ser que los otros 4 viajes, ya sean de carácter pequeño, mediano o grande, no son importantes para el ministro, que aprovechó para negar que la medida fuera contra la gente con menos recursos. Desde luego que para el ministro, pillado conduciendo un Mercedes Clase G AMG valorado en más de 170.000 euros, la aprobación de las ZBE no supone un perjuicio para él.
Debido a esta situación numerosas asociaciones han protestado contra estas medidas. Una de ellas ha sido Dvuelta, que cifra en más de 300.000 vehículos de uso diario del ámbito municipal (que es la estimación de vehículos afectados) y que supondrá un coste total de entre 6.000 y 9.000 millones de euros para las familias y trabajadores autónomos y pymes afectados. Estas cifras son muy altas, representando más del 15% del parque motorizado censado en Madrid, según datos de la DGT. Estiman que Carabanchel, Villaverde, Usera, Vallecas o Vicálvaro serán algunas de las zonas más afectadas, por lo tanto barrios y municipios de clase baja. Toda esta situación es más enrevesada si cabe, pues las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid han sido objeto de varios recursos judiciales y que, de hecho, la ordenanza municipal que las regula fue anulada hace un año en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en su sentencia 8893/2024. Actualmente, el litigio se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo tras el recurso de casación interpuesto por el consistorio madrileño. Sin ser definitiva esta resolución el Ayuntamiento ha visto necesario seguir manteniendo las restricciones, pues se ha podido saber hace poco que las multas de este tipo retribuyen 1 millón de euros al día. En total, más de 300 millones al año que le pueden sacar a los madrileños únicamente por usar su coche.
Llegados a este punto deberíamos hacernos las siguientes preguntas: ¿Cómo se van a paliar todos estos inconvenientes a nivel de desplazamientos laborales? ¿Hay algún tipo de medida a nivel de servicios de transporte público para absorber el esperable aumento de usuarios? ¿Cómo se espera absorber este aumento ante la depauperización del transporte público? ¿Con qué ayudas pretenden que las familias trabajadoras puedan realizar la transición ecológica?. Sin duda son respuestas que nos gustaría saber a muchos madrileños, aunque parece ser que las prioridades están centradas en reducir los viajes en AVE entre Madrid y Barcelona a dos horas, mucho más importante que garantizar a los ciudadanos un buen servicio público.
Pese a que todo parezca negativo todavía quedan algunas opciones que pospongan todas estas medidas suicidas. Europa debe tomar una decisión política con respecto a su normativa de circulación. Parece que el Parlamento Europeo podría modificar la legislación vigente para suprimir y adaptar la agenda de electrificación. Esto no es porque los políticos europeos sean benévolos con los ciudadanos, sino porque hay riesgo de quiebra de la automoción europea, que representa más de 10% del PIB de la Eurozona y de millones de puestos de trabajos directos y secundarios en todo el continente. Europa decidió delegar la industria del automóvil a China, pues todo nuestro continente ha sufrido un gran desmantelamiento industrial durante las últimas décadas, dejando al país asiático como la principal exportadora de este tipo de vehículos. Tampoco debemos quitarle culpa a las marcas, que viendo la mayor rentabilidad en este tipo de coches decidieron apostar por este modelo, algo que ha funcionado y les ha obligado a presionar a los políticos europeos para revertir la situación.
En definitiva, a muchos afectados, entre los que desgraciadamente me incluyo, nos tocará esperar las respectivas resoluciones. En caso de seguir, las restricciones afectarán a un mayor número de provincias y comunidades, donde ya existen las ZBE o se pretenden implementar. En países como Francia se ha dado marcha atrás, gracias a una coalición de grupos políticos en la Asamblea Nacional que tumbó la ley por presión ciudadana. Esto sienta un buen precedente contra una de las mayores medidas clasistas de las últimas décadas y un auténtico atentado contra las libertades de los de siempre, los trabajadores.
