A partir de este año 2026, los trabajadores con salarios superiores a los 5.000 euros brutos mensuales pagarán más cotizaciones sociales. La medida forma parte del paquete de reformas destinadas a reforzar la financiación del sistema de pensiones. Sin embargo, el debate público que se ha generado alrededor de este cambio está dejando fuera una cuestión clave: la evolución de la base máxima de cotización.
En muchos análisis se mezclan dos elementos distintos. Por un lado, la creación del MEI, una nueva cotización adicional diseñada para reforzar la financiación del sistema de pensiones. Por otro, la subida continuada de la base máxima de cotización, que es el verdadero eje del cambio estructural.
La base máxima de cotización no solo aumenta cada año, sino que lo hace de acuerdo con una fórmula fijada por ley. Primero se actualiza conforme a la inflación anual media y, además, se incrementa automáticamente en 1,2 puntos porcentuales adicionales. Esto implica que la base máxima crece sistemáticamente más rápido que el coste de la vida y, en la práctica, más rápido que los salarios reales.
El efecto de esta dinámica es relevante. A medida que la base máxima se eleva por encima de la evolución salarial, resulta cada vez más difícil que los trabajadores puedan alcanzarla a lo largo de su vida laboral. Con ello, la posibilidad de acceder en el futuro a la pensión máxima se va alejando para una parte creciente de la población activa.
Por eso, cuando se afirma que estas medidas solo afectan a una minoría de trabajadores, conviene matizar. La mayoría no queda al margen porque esté protegida, sino porque el propio diseño del sistema eleva el listón a un ritmo que los salarios no pueden seguir. El resultado es una mayor exigencia contributiva sin una garantía equivalente de derechos futuros.
Si de verdad queremos asegurar las pensiones, la clave es otra: pleno empleo y salarios más altos. Solo con más personas trabajando y mejor remuneradas se amplía de forma sostenible la base de cotizantes. Incrementar de manera continuada los costes laborales puede mejorar la recaudación a corto plazo, pero plantea interrogantes sobre su impacto en el empleo y en la evolución salarial a medio plazo.
Ese es el debate que sigue pendiente.
