Hace años comenzamos a observar cómo grandes agencias internacionales de salud iniciaban una campaña abierta contra las bebidas azucaradas. Lejos de centrarse en la promoción de hábitos saludables o en facilitar alternativas menos perjudiciales, este impulso ha derivado en la implantación de impuestos especiales. Su finalidad declarada es sanitaria, aunque su efecto inmediato es aumentar la recaudación pública. En los últimos años, las organizaciones de salud pública han promovido de forma continuada la introducción o el incremento de gravámenes sobre las bebidas azucaradas.
La Organización Mundial de la Salud ha anunciado una iniciativa para aumentar en al menos un 50 % el precio de las bebidas azucaradas antes de 2035 —junto al tabaco y el alcohol—. Paralelamente, numerosos gobiernos han aprobado impuestos con el argumento de mejorar la salud de la población, aunque también incrementan la recaudación presupuestaria. Entre los territorios que aplican este tipo de impuesto, la Tax Foundation tomó el caso de Cataluña como ejemplo para analizar si estas medidas logran realmente el objetivo que proclaman: mejorar la salud pública.
Sobre el papel, el impuesto pretende frenar el aumento de la obesidad. Según su planteamiento, una subida del precio desincentivaría el consumo de productos con alto contenido en azúcar, reduciendo la ingesta calórica. Y en consecuencia, la presión sobre el sistema sanitario. Sin embargo, la realidad es más compleja. La relación causal entre menor consumo de bebidas azucaradas y mejora de los indicadores de salud no es automática.
En 2017 se implantó en Cataluña el impuesto especial sobre determinadas bebidas azucaradas —zumos, néctares y algunas bebidas lácteas—. El tipo impositivo es escalonado: las bebidas con menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 ml no tributan; las que contienen entre 5 y 8 gramos pagan 10 céntimos por litro; y las que superan los 8 gramos pagan 15 céntimos por litro.
Diversos estudios académicos han analizado su impacto en el consumo. Las compras de bebidas azucaradas disminuyeron entre un 7,7 % y un 16,7 % tras la introducción del impuesto. No obstante, los datos de salud no muestran una mejora clara. Según la Encuesta de Salud de Cataluña y el Instituto de Estadística de Cataluña, la obesidad adulta aumentó entre 2017 y 2023.
En cuanto a la diabetes, la tasa en Cataluña era del 8,1 % en 2016 y alcanzó el 9,1 % en 2023, lo que supone un incremento relativo superior al 12 %. Es decir, pese a la implantación del impuesto —cuyo objetivo declarado era reducir los riesgos asociados al consumo de azúcar— los principales indicadores no muestran una mejora evidente.
Además, estudios de comportamiento apuntan a posibles efectos de sustitución: muchos consumidores reducen la compra de bebidas gravadas, pero no necesariamente la ingesta total de azúcar. Entre personas de 15 a 69 años, el consumo diario de bebidas azucaradas era significativamente inferior al de otros productos igualmente azucarados que no estaban sujetos al impuesto.
La comparación territorial también resulta relevante. En Madrid, donde no existe este impuesto específico, la obesidad adulta descendió entre 2017 y 2022, pasando del 15,9 % al 11,8 %, según datos del INE.
