En plena huelga de médicos y e inmersos en una espiral decadente del sistema sanitario español, que se encuentra sobresaturado e incapaz de absorber el volumen de demanda actual, el gobierno español aprobó el pasado 11 de marzo el Real Decreto 180/2026 por el que se aprueban nuevas medidas que permitan acceder al sistema de salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras que no tengan su residencia legal en España.
Esta nueva normativa que tiene como objetivo dar soporte sanitario gratuito a un mayor número de personas que actualmente residen en España de forma ilegal, a pesar de que antes de la aprobación de la mentada normativa ya se atendía a las personas que se encontraban en esta situación cuando se trataba de urgencias y otros supuestos.
Esta nueva normativa generará una mayor saturación de la sanidad pública que, si ya a día de hoy es incapaz de hacer frente al volumen de beneficiarios actuales, la nueva norma contribuirá a mermar aun más las capacidades del sistema, generando un deterioro de los servicios públicos españoles. Estos servicios, a pesar de denominarse gratuitos, suponen un coste económico para los ciudadanos que residen legalmente en nuestro país y que trabajan en él, sin embargo, la contraprestación que reciben es muy inferior a lo que debería ser.
En los últimos años se ha visto un aumento desmedido de la población como consecuencia de las olas migratorias, que ha contribuido a un creciente deterioro del sistema sanitario español debido a las limitaciones tanto técnicas como jurídicas en centros de atención primaria y en hospitales, que se han visto obligados a asumir un número de pacientes por encima de sus capacidades pero sin el consecuente aumento del número de profesionales sanitarios ni del tamaño de las instalaciones, generando así un mayor retraso en la atención médica, consultas de menor duración, listas de espera interminables y un largo etcétera que ha afectado a la calidad del servicio recibido por los ciudadanos.
Ahora el ejecutivo pretende, por una parte, una nueva regularización masiva de migrantes y por otra parte la universalización de la sanidad gratuita para no residentes o residentes ilegales, esta nueva cantidad de beneficiarios del sistema sanitario español supondrá una mayor saturación de los centros asistenciales y una menor calidad del servicio, servicio que parece ser que es gratuito solo para algunos, porque no olvidemos que los que trabajamos lo pagamos cada mes en nuestras nóminas.
Este aumento de los beneficiarios de la sanidad pública de forma exponencial contribuirá a deteriorar aún más el sistema de salud pública y lo que eso supone para los ciudadanos, ya que se trata de un servicio que afecta directamente la atención y calidad de la salud de las personas, retrasando diagnósticos en los que el tiempo puede ser clave para salvar vidas o evitar el sufrimiento prolongado de los pacientes.
Así mismo, esta normativa puede realizar un efecto llamada de lo que se denomina como turismo sanitario, por el que muchos residentes de países en los que no existe la sanidad pública o que, a pesar de existir, tiene unas prestaciones más limitadas que la española, justificarán su residencia a fin de beneficiarse de nuestro sistema sanitario, cosa que parece sencilla dados los requisitos y documentación necesaria aptos para esta acreditación establecidos en la normativa aprobada el pasado 11 de marzo
Todas estas consecuencias derivadas de la universalización contribuyen de forma activa en el deterioro el sistema de salud pública, generando un impacto directo en distintas variables, por una parte, es inevitable que muchos usuarios que a pesar de ser trabajadores y contribuir al mantenimiento de dicho sistema, se apretarán el cinturón en la medida de sus posibilidades para contratar seguros privados (sector que también está viéndose tensionado y cuyas listas de espera para la atención de pacientes cada vez son más extensas) que les permitan una atención sanitaria más rápida puesto que, al fin y al cabo, lo que está en juego es su salud, mermando aún más el poder adquisitivo de la población que estará pagando dos veces por el mismo servicio.
Esto puede causar un apogeo de la sanidad privada que permitirá un aumento de sus beneficios y por tanto de las condiciones laborales que pueda ofrecer al colectivo médico, que actualmente se encuentra descontento y sobrecargado, generando una huida de profesionales hacia el sector privado, mermando aún más la calidad del servicio público.
Con estas medidas también los empresarios, los organismos de la seguridad social y los propios trabajadores se ven perjudicados puesto que el retraso en las pruebas médicas y las largas listas de espera los trabajadores en situación de baja ven ésta alargada en el tiempo al no tener un diagnostico y tratamiento de sus patologías, generando un mayor coste para ambos, tanto a nivel económico como psicológico.
Si lo unificamos todo vemos como con este decreto los perjudicados, como siempre en España son las clases trabajadoras que dependiendo de su poder adquisitivo irán justos, pero podrán tener el placer de pagar dos veces por un mismo servicio o, si no pueden permitirse ese lujo, tendrán que jugarse su salud y la de sus familias esperando para ser atendidos. Al igual que sucederá con autónomos y PYMES que no podrán asumir los costes indirectos derivados del mal funcionamiento de la sanidad pública.
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