La entrada en vigor del Pacto Europeo de migración y asilo (PEMA) endurece las medidas relativas al asilo y la inmigración
El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) se aprobó en 2024 y debería entrar plenamente en vigor en junio de 2026. Desde el año 2024, el clima político europeo ha motivado la búsqueda de posiciones más restrictivas respecto al asilo y la inmigración.
PEMA fue la respuesta de las instituciones europeas, principalmente de la Comisión, ante el desorden y los conflictos entre Estados que se generaron sobre todo a partir de 20215 con la llegada masiva de solicitantes de asilo.
Pero ahora la Unión Europea ha consolidado un giro histórico en su política de retornos al alcanzar un principio de acuerdo definitivo para endurecer el Reglamento de Retornos, el cual complementa al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) que entrara plenamente en vigor en este mes de junio de 2026.
Esta reforma legislativa unifica las normativas de expulsión en todo el bloque comunitario, otorgando mayores poderes de detención a los Estados miembros y validando explícitamente la externalización de fronteras mediante la creación de centros de deportación en terceros países.
Esto supone una gran novedad, ya que se aprueba legalmente medidas para trasladar a migrant4es en situación irregular a centros de internamientos ubicados fuera del territorio de la Union Europea, mientras se procesa su expulsión. Este modelo ya fue iniciado en su momento ( y no estuvo exento de críticas) en Italia con centros en Albania.
Otros aspectos novedosos de estas nuevas medidas de reemigración son la obligación estricta de cooperar. Ya que los solicitantes a quienes se les deniegue el asilo están obligados por ley a colaborar en su propia repatriación. Ante falta de cooperación o el riesgo de fuga se podrán establecer periodos de detención de hasta 24 meses.
Los Estados además podrán aplicar recortes en ayudas sociales, prohibiciones de entrada indefinidas e incluso penas de prisión y sanciones penales a los migrantes irregulares que no cooperen con las órdenes de salida.
Otro aspecto novedoso, aunque ya se utilizo por Italia fue la figura de “ Terceros Países Seguros” , que permitirá agilizar la expulsión de migrantes hacia naciones intermedias consideradas seguras (como Marruecos, Túnez, Egipto o Colombia) donde deberán tramitar sus solicitudes de asilo. Este es un concepto algo más difícil de definir y aun no queda claro que exigirán estos países “seguros” y hasta qué punto cumplirán.
En este tipo de procesos hay una clara exclusión , ya que los menores no acompañados quedan formalmente excluidos de ser trasladados a estos centros de deportación en terceros países.
Por tanto, la legislación Europea en materia de inmigración ahora se centra en dos grandes bloques normativos. El Reglamento de Retornos de la UE (Actualizado en 2026) El texto normativo, pactado provisionalmente entre el Parlamento Europeo y el Consejo, unifica los criterios de expulsión mediante una «Orden Europea de Retorno» única para agilizar los trámites informáticos y policiales entre países. Y el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA de obligada aplicación general. Que Incluye leyes clave como el Reglamento (UE) 2024/1349 sobre el procedimiento fronterizo de retorno, que establece cribados biométricos obligatorios y evaluaciones aceleradas en las fronteras exteriores.
En principio estas medidas entrarían en vigor en el presente mes de junio. Y afectarían de una manera muy especial a España por su condición geográfica de puerta de entrada. Además de suponer un choque frontal con las recientes políticas de regularización masiva del Gobierno Español.
A nivel interno, la implementación ha generado una fuerte división política y social, mientras el Gobierno intenta compaginar las duras exigencias de Bruselas con medidas de regularización propias. Y es que bien por motivos técnicos, políticos o ideológicos no es tan fácil transponer la nueva legislación europea a la realidad de la llegada masiva de inmigrantes, aunque venga bajo la figura de solicitante de asilo.
Algunas Comunidades Autónomas consideran que el pacto que entra en vigor el día 12 genera mas incertidumbres que certezas y que todavía hay muchos aspectos que no han sido definidos.
Supondrá una presión extrema en zonas de frontera como Canarias, Ceuta y Melilla. El nuevo reglamento de «triaje» obliga a realizar controles biométricos, sanitarios y de seguridad en un plazo máximo de 7 días desde la llegada. Comunidades autónomas como Canarias denuncian el riesgo real de convertirse en «centros de retención a cielo abierto» o «tapones migratorios» debido a la lentitud para derivar personas a la península o a otros países. El Reglamento de Triaje permitiría que los migrantes pudieran permanecer en Canarias hasta seis meses, cuando en la actualidad el plazo suele rondar un mes. Este proceso requiere de recursos económicos y materiales que no se han confirmado.
El gobierno Canario no ha sido el único en expresar sus quejas sino tambien ha habido criticas desde autoridades migratorias del País Vasco.
Ya que esta Comunidad Autónoma tiene un peso importante puesto que es el lugar de salida preferente para migrantes que quieren establecerse en otros países europeos. La Consejera Vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en unas recientes jornadas sobre el tema indicó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo “va a modificar el tablero de juego” y que con unas nuevas reglas “no basta con conocer el enunciado general de las nuevas normas”. Denunciando falta de información y de claridad y dando a entender algo de improvisado en la aplicación de la nueva normativa “Tenemos que saber cuáles van a ser las reglas concretas. Quién va a asumir qué responsabilidades, con qué recursos, con qué plazos, con qué procedimientos, con qué garantías y cuál va a ser la participación de las comunidades autónomas”
No exige privilegios, pero si claridad. Y al igual que el Presidente de Canarias Fernando Clavijo, pide participar en los procesos que afectan directamente a sus servicios públicos y la convivencia. Haciendo muy explicita su critica a que las decisiones se tomen en Europa y en Madrid sin conocer la realidad a la que se enfrentan ciertas Comunidades Autónomas y las consecuencias que conlleva
Además del nuevo proceso de triaje, España estará obligada a aplicar juicios acelerados de asilo directamente en las zonas fronterizas para los migrantes que provengan de países con bajas tasas de aprobación (inferiores al 20%). Si el asilo es denegado, se ejecuta la expulsión de forma inmediata. Lo que no queda claro de nuevo son los recursos adjudicados para estos juicios en una justicia ya más que saturada
Otro aspecto que incluye el pacto que entrará en vigor es el proceso de «Solidaridad Obligatoria». Ya que, aunque el pacto prevé que otros países europeos acojan a migrantes para aliviar a España, estos pueden negarse a la reubicación a cambio de pagar una multa de aproximadamente 20.000 euros por migrante rechazado. El temor de las administraciones fronterizas es que los países del norte prefieran pagar antes que acoger.
En el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) no se habla exactamente de “multas” en sentido sancionador clásico si no se quiere acoger a inmigrantes sino de una contribución económica obligatoria dentro de un mecanismo de solidaridad. Por tanto, si un país no quiere acoger solicitantes de asilo, puede optar por no reubicarlos, pero entonces debe pagar una contribución económica, o aportar recursos (personal, equipos, etc.). Este proceso se conoce como “solidaridad flexible”
El dinero recaudado con esas contribuciones se integra en un fondo común europeo (Solidarity Pool). Y ese fondo se usa para apoyar a los Estados que reciben más llegadas, principalmente España, Italia, Grecia y Chipre
Los Estados beneficiados de este Solidarity Pool se emplean en los costes de la acogida como alojamiento, manutención y servicios básicos para solicitantes de asilo. Así como costes ligados a la gestión del sistema de asilo como tramitación de solicitudes y el refuerzo administrativo que conlleva. Tambien el fondo cubriría los gastos de los centros de recepción y el personal y medios técnicos.
Esto en principio (tambien habría que entender si es suficiente) es un apoyo para sufragar los gastos, pero no solventa otras problemáticas como la conflictividad social o la sobreexplotación de recursos públicos.
Este sistema tambien ha sido duramente criticado por Organizaciones Sociales como CEAR u otras ONG ya que convierte la acogida humanitaria en un frío sistema de cuotas monetarias intercambiables. Y es que sí que parece que los `países que no puedan pagar tienen que acoger y los que se puedan permitir ese pago no lo harán.
Otro aspecto importante es que España deberá reconfigurar sus acuerdos bilaterales con países de tránsito (como Marruecos, Mauritania o Senegal) para agilizar el retorno de migrantes bajo la nueva figura jurídica comunitaria de «Tercer País Seguro». Lo que tampoco parece una tarea fácil
Todo esto además supone una situación bastante paradójica para España, ya que el país tiene precisamente abierto ahora un proceso de regularización masiva. Mientras España tiene que asumir las directrices punitivas de la UE para los nuevos flujos, a nivel doméstico el país está aplicando una estrategia de estabilización de la población migrante que ya reside en el territorio nacional.
