El control de la política monetaria influye directamente en el empleo, los salarios y el coste de la vida. Recuperar esa capacidad de decisión es clave para proteger a los trabajadores.
Cuando se habla de soberanía económica, muchas personas piensan en un concepto lejano, reservado a economistas o expertos en finanzas. Sin embargo, pocas cuestiones influyen tanto en la vida de un trabajador como quién decide la política monetaria de un país. De esa decisión dependen el empleo, los salarios, el acceso al crédito e incluso las oportunidades de prosperar de millones de familias.
España renunció a esa capacidad de decisión con la entrada en el euro. Desde entonces, la política monetaria ya no la diseña nuestro país, sino el Banco Central Europeo (BCE), una institución independiente cuya prioridad es mantener la inflación bajo control. En la práctica, esto significa que España no puede utilizar una de las herramientas económicas más importantes para responder a las necesidades de sus trabajadores o afrontar las dificultades de su propia economía.
Muchos podrían pensar que controlar la inflación siempre es positivo, pero la realidad es más compleja. Cada decisión económica tiene consecuencias y, cuando el objetivo principal consiste en contener los precios por encima de cualquier otra consideración, el empleo y los salarios pueden quedar relegados a un segundo plano.
La diferencia se aprecia claramente al comparar el Banco Central Europeo con la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras que la Reserva Federal tiene un triple mandato —mantener el pleno empleo, controlar la inflación y favorecer unos tipos de interés moderados—, el BCE solo tiene un objetivo prioritario: controlar la inflación. Esa diferencia no es un simple matiz técnico, sino una decisión política y económica que acaba condicionando el empleo, los salarios y las oportunidades de millones de trabajadores.
Esta forma de entender la política monetaria termina beneficiando más al capital que al trabajo. Cuando los tipos de interés permanecen elevados para contener la inflación, quienes obtienen ingresos mediante intereses, alquileres, rentas o dividendos ven protegidos sus patrimonios. Sin embargo, para las empresas resulta más caro invertir, el crédito se encarece, se ralentiza la actividad económica y las oportunidades de encontrar un empleo o mejorar los salarios disminuyen.
Ocurre justo lo contrario cuando los tipos de interés son moderados. Las empresas pueden financiarse con mayor facilidad, invertir en nuevos proyectos, incorporar mejores medios de producción y aumentar su productividad. Ese crecimiento económico acaba traduciéndose en más empleo y, con el tiempo, en mejores salarios para quienes viven de su trabajo. Por eso una política monetaria también debería perseguir el pleno empleo y el desarrollo económico.
Durante décadas, este debate se explicó mediante la conocida curva de Phillips, según la cual existe una relación inversa entre inflación y desempleo. En términos generales, aceptar una inflación ligeramente superior puede facilitar la creación de empleo, mientras que reducir la inflación a toda costa suele implicar aceptar un mayor nivel de paro. En el fondo, la pregunta es sencilla: ¿debe una economía proteger por encima de todo el valor del capital financiero o utilizar sus herramientas para garantizar que más personas puedan acceder a un empleo digno?
Recuperar la soberanía monetaria permitiría que España volviera a disponer de un banco central propio capaz de orientar la política económica hacia el pleno empleo, el crecimiento de los salarios y la protección de la clase trabajadora. De ese modo, las decisiones económicas podrían responder a las necesidades del país y no quedar supeditadas a una política monetaria diseñada para economías muy diferentes.
En definitiva, hablar de soberanía económica no es hablar únicamente de monedas o bancos centrales. Es hablar de quién decide el rumbo económico de un país y de qué intereses se sitúan en el centro de esas decisiones. Recuperar esa capacidad de decisión supone disponer de una herramienta fundamental para poner la economía al servicio de la mayoría social: la clase trabajadora.
