La nueva oleada migratoria provoca el caos en Ceuta y vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la frontera sur de España.
Ceuta vivió este jueves una de las mayores entradas masivas de inmigrantes de los últimos años. Miles de personas procedentes de Marruecos alcanzaron la ciudad autónoma por mar, desbordando la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y provocando escenas de caos en distintos puntos del litoral. Ante la gravedad de la situación, acudió el Ejército de Tierra para apoyar a la Guardia Civil y reforzar la seguridad en la frontera.
La magnitud de la crisis ha llevado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de la emergencia nacional. La petición fue respaldada por todos los grupos con representación en la Asamblea de Ceuta, que coincidieron en que la ciudad ha sobrepasado el límite de su capacidad y que sus recursos son insuficientes para hacer frente a esta entrada masiva de inmigrantes. Resulta llamativo que partidos como el PP, el PSOE o MDyC, que durante años han respaldado políticas de fronteras abiertas, reclamen ahora medidas restrictivas con la inmigración para contener la crisis. Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó la solicitud al considerar que la normativa de protección civil no contempla las crisis migratorias como supuesto para declarar la emergencia nacional.
La crisis se produce apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo prohibiera aplicar las devoluciones en caliente a los inmigrantes que llegan nadando a Ceuta o Melilla. Desde esa resolución, quienes acceden por vía marítima ya no pueden ser rechazados de forma inmediata en la frontera, un cambio que ha servido de incentivo para este tipo de entradas por mar. A ello se suma el efecto llamada que generan las regularizaciones masivas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, un factor que, unido a la imposibilidad de realizar devoluciones inmediatas por vía marítima, contribuye a que miles de inmigrantes perciban España como un destino atractivo para establecerse.
No es la primera vez que Marruecos utiliza la inmigración como instrumento de presión sobre España. Recordemos cómo, en mayo de 2021, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez permitiera la entrada en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, Rabat relajó los controles fronterizos y cerca de 10.000 inmigrantes accedieron a Ceuta en apenas 48 horas. Aquella crisis evidenció, una vez más, hasta qué punto Mohamed VI puede utilizar los flujos migratorios como arma geopolítica para condicionar las decisiones del Gobierno español. Tras aquel episodio, España reforzó su cooperación con Marruecos y anunció una ayuda de 30 millones de euros destinada a apoyar al reino alauí en el control de la inmigración irregular.
La reciente invasión migratoria vivida este jueves, llega, además, apenas unos días después del viaje de Pedro Sánchez a Argelia, principal rival regional de Marruecos, con el que el Gobierno trató de escenificar la normalización de las relaciones diplomáticas tras varios años de crisis. La coincidencia temporal entre esa visita y la nueva oleada migratoria ha vuelto a alimentar las dudas sobre un posible componente geopolítico detrás de lo ocurrido en Ceuta, especialmente teniendo en cuenta el precedente de 2021, cuando Marruecos ya utilizó la presión migratoria en plena crisis diplomática con España.
La gravedad de la situación obligó al despliegue del Ejército de Tierra para reforzar la frontera y apoyar a la Guardia Civil, mientras cientos de vecinos de Ceuta salieron a la calle para exigir medidas urgentes que pongan fin a una presión migratoria que llevan denunciando desde hace décadas. Para los ceutíes españoles, la situación ha llegado a un punto límite y existe el temor de que la continua llegada de inmigrantes termine por destruir la identidad española de la ciudad.
Las imágenes de militares patrullando la ciudad y de vecinos reclamando mayor protección reflejan la magnitud de una crisis que vuelve a demostrar la importancia de que España disponga de una verdadera soberanía para garantizar el control de sus fronteras y no dependa de un país como Marruecos, que ya ha recurrido en otras ocasiones al chantaje migratorio para presionar al Gobierno español. Mientras tanto, las consecuencias de esta inmigración irregular las terminan soportando, como siempre, los trabajadores españoles, que ven cómo aumentan los problemas de seguridad, se saturan los servicios públicos, se precarizan sus condiciones laborales y se destruye su identidad nacional.
