La organización criminal, formada por 8 personas procedentes de Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay y Bolivia, este último, país origen de los líderes, fue desarticulada gracias a una operación que llevaron a cabo la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra el pasado 14 de febrero.
Las sospechas comenzaron en los meses finales de 2022, cuando mediante un control de tráfico se identificaron a dos trabajadores de un ‘call center’ ilegal. Estos confesaron que la persona que les transportaba y les había contratado controlaba varios burdeles.
Estas personas debían trabajar 15 horas todos los días de la semana, recibían a cambio un sueldo de 1000 euros complementados con constantes amenazas y disponían de una sola hora de descanso de su jornada. Su función consistía en atender y gestionar los servicios de los burdeles, incluyendo la venta de sustancias ilícitas. Este suceso fue correlacionado con la entrada y registro de uno de los prostíbulos de la pareja en agosto de ese mismo año ubicado en Salou, Tarragona.
Ya en los meses de marzo, mayo y junio de 2023, la policía recibió tres denuncias anónimas que advertían de la actividad de prostíbulos en Barcelona y Tarragona, ofreciendo los servicios de mujeres que vivían en condiciones deplorables, privadas de salir al exterior, en sótanos dónde habitaban amontonadas en colchones, sin una ventilación y aclimatación adecuadas y obligándolas a estar disponibles constantemente sin garantizarles un mínimo descanso.
Tras meses de investigación con la información conseguida a través de estas intervenciones y con la colaboración de la Unidad Central contra el Tráfico de Seres Humanos, la operación policial llevada a cabo el 14 de febrero culmina con la entrada y registro de 6 locales y viviendas de forma simultánea.
Según fuentes policiales, se detuvieron a ocho integrantes del clan, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona, a lo que hay que sumar la liberación de nueve de las trece víctimas y la incautación de 17.770 euros, diversa documentación con información de las actividades investigadas, seis gramos de cocaína, cien pastillas de sildenafilo (viagra), joyas valoradas en 30.000 euros y dos vehículos relacionados con la trama.
La pareja líder de la organización fue ingresada en prisión el día 16 de febrero tras haberse puesto a disposición judicial junto al resto de integrantes del entramado. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de: pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y amenazas graves.