El pasado 14 de enero de 2026 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorgó esta distinción en un acto celebrado en el Complejo de La Moncloa.
ÓScar Camps recibió el reconocimiento gubernamental como «reconocimiento la década de labor humanitaria de Open Arms». Y por «su compromiso radical con la vida y la dignidad humana”. Camps afirmó que lo recibía «en nombre de todas las personas que sostienen Open Arms».
La Orden del Mérito Civil fue creada en 1926 por Alfonso XIII, para reconocer servicios relevantes al Estado y méritos civiles extraordinarios. Los objetivos de este reconocimiento son premiar virtudes cívicas, trabajos extraordinarios, o servicios destacados. También puede otorgarse a extranjeros que hayan prestado servicios distinguidos a España. Este reconocimiento tiene 7 grados oficiales. Se a otorgado a Camps la “Encomienda de Número”, uno de los de los niveles más altos. Solo por debajo de la Gran Cruz y Collar. Y su concesión concede el tratamiento de “Ilustrísimo/a Señor/a”.
El histórico de ganadores desde la transición es extenso. Más de 22.600 condecorados entre 1979 y 2013. En 2024, se otorgó a perfiles distintos que incluía a personas como Abdelkader Chaib Haddu, presidente de la Asociación Cultural Al Idrisside Ceuta. O aun jefe de servicio de centros en la Consejería de Educación, Formación Profesional. También a Restauradores arqueológicos, músicos, fundadores de empresas innovadoras, veterinarios con una labor destacada. Y también a sacerdotes con misión en Mozambique. Distintos y variados perfiles que premian el mérito en distintos ámbitos de la vida civil.
No es el primer premio que ha obtenido Camps, habiendo recibido el premio de Catalán del Año en 2015. Y de Europeo del Año en 2019. La ONG ha recibido reconocimientos que aumentan su visibilidad y facilitan la captación de fondos, como la Creu de Sant Jordi (2018) o el Premio Ciudadano Europeo(2016).
Òscar Camps Gausachs, nació en 1963 en Barcelona. Y previamente a su pasado como activista ejerció como socorrista y empresario. Con 25 años fundó su primera empresa de alquiler de coches. Desde 1993 trabajó en el sector de emergencias y salvamento, colaborando con Cruz Roja. En 1999 creó Proactiva Serveis Aquàtics, empresa líder en socorrismo en España. En 2015 crea Open Arms.
Sin embargo, Camps está rodeado por la polémica. Por ejemplo, sobre la financiación de su ONG. Entre septiembre de 2017 y 2018, Open Arms recibió 3,5 millones de euros procedentes de donaciones y fondos públicos. Según la última memoria de 2023 publicada en el Portal de transparencia, se declaran un total de ingresos de 8.413.662 €. El 82,1% proceden de donaciones privadas y socios. También recibe subvenciones públicas por un total de 1.201.205 € ( Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos, instituciones europeas…). La Generalitat reconoce haber aportado 531.296 € en los últimos años.
El seguimiento de sus cuentas señala un crecimiento muy rápido. Y es que, en 2016, se declaraban unos 20.585 euros en donaciones y ningún empleado. Y en pocos años la organización pasa a ingresos en torno a 1,7 millones de euros y más de 20 personas en plantilla, además de voluntariado. Hasta el presente en el que los ingresos se sitúan en 3,5 millones
Es interesante también entender en qué se distribuyen los ingresos de Open Arms. En 2023 se destinó un 64,3% del total de ingresos en operaciones y misiones de rescate. En esta partida se incluiría combustible y logística de barcos, mantenimiento de flota, equipos de rescate, personal y misiones en Mediterráneo y otras zonas. Un 18% se gasta en personal (sueldos y seguridad social). Un 7,6% en gastos de sensibilización, comunicación y campañas. El 6% restante, son gastos de estructura y administración.
Pero conviene recordar que Oscar Camps y sus empresas previas (además de la propia ONG) tienen un historial de polémicas y disputas judiciales. Hasta la fecha, no existen condenas firmes contra la ONG. El caso judicial más conocido es el Caso Italia. En marzo de 2018, la fiscalía de Catania (Italia) ordenó la inmovilización del barco “Open Arms” y abre una investigación por “promover la inmigración ilegal” tras un rescate frente a Libia. Se acusó al capitán y a responsables de la ONG de desobedecer instrucciones de guardacostas libios, y de llevar a los rescatados a Italia en lugar de al puerto “más cercano”. En abril de 2018, un juez italiano ordenó la devolución del barco y cuestionó la base de la acusación, al considerar que el rescate se enmarca en la obligación internacional de socorro en el mar y en la protección de los derechos humanos. No se produjo una condena firme contra Open Arms.
Por otro lado, se acusa a Camps de “hacer negocio” con la inmigración y de favorecer a las mafias de tráfico de personas. Algunos medios de comunicación han publicado artículos acusando a Open Arms de encajar en el “esquema del delito de trata”, alegando que rescatan migrantes en zonas donde operan mafias y los trasladan a Europa.
El tema es complicado en términos jurídicos ya que, en derecho internacional, implica la Obligación de rescate. Cualquier capitán tiene el deber de socorrer a personas en peligro en el mar, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Pero el verdadero conflicto está en si las operaciones de rescate facilitan de facto el negocio de las mafias (argumento político) frente a si son una respuesta necesaria a un sistema migratorio que ya es letal (argumento humanitario y de derechos humanos).
