Tras el asesinato de los dos guardias civiles en Huelva durante una operación antidroga, se ha reavivado la polémica sobre este tema.
En la actualidad, la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen sin reconocimiento como profesión de riesgo, pese a años de reivindicaciones. El Gobierno admite que está trabajando en ello, pero afirma que requiere coordinación entre varios ministerios y que la situación no se resolverá a corto plazo.
Sin embargo, tras situaciones tan graves como la ocurrida en Huelva hace unos días y la muerte, en febrero de 2024, de otros dos agentes en Barbate por un ataque directo de narcos, se enfatiza la necesidad de acelerar este proceso.
Los últimos avances han sido el inicio de los trabajos técnicos y un posible real decreto para la Policía Nacional, proceso iniciado en marzo por el Ministerio del Interior, así como la creación de una mesa técnica para la Guardia Civil.
En todo caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre se ha defendido cuando se le cuestionaba sobre este tema apelando a un real decreto de mayo de 2025.
Pero, en realidad, el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo (publicado en el BOE el 28 de mayo de 2025), no es un listado de “profesiones peligrosas”. Este real decreto regula el procedimiento para reconocerlas y permitir beneficios como la jubilación anticipada. En concreto, establece cómo identificar trabajos considerados penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres y determina cuándo esos trabajos pueden adelantar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores. También define la peligrosidad como aquellos trabajos con mayor probabilidad de accidente laboral o enfermedad profesional, con altos índices de morbilidad o mortalidad. Pero este decreto no incluye una lista concreta de profesiones peligrosas.
Lo que hace es crear un procedimiento para que se reconozcan caso por caso, en un proceso que se inicia cuando sindicatos, empresas o administraciones solicitan el reconocimiento. Posteriormente, el caso pasaría por una comisión y, si procede, se aprobaría otro real decreto específico para ese colectivo.
Por tanto, siguiendo este decreto que a menudo cita el ministro, se permitiría llegar a que la Policía Nacional o la Guardia Civil fueran consideradas profesiones de riesgo, pero eso todavía no se ha materializado.
Desde las instancias judiciales también se está haciendo seguimiento de esta problemática, con una sentencia del Tribunal Supremo (21 de mayo de 2025) que obliga al Gobierno a iniciar la regulación para reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesionales de riesgo. La sentencia se basa en el principio de igualdad, ya que las policías autonómicas, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, así como las policías locales, sí están reconocidas como profesiones de riesgo.
Por ello, es evidente que, aunque existe presión legal, el principal obstáculo es político, ya que la Mesa del Congreso ha frenado la propuesta para reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo hasta en 70 ocasiones.
Las posiciones políticas son ambiguas: el Partido Popular impulsa el reconocimiento en el Senado y en la UE; Vox insiste en el Congreso, especialmente cada vez que se producen muertes; mientras que el Partido Socialista Obrero Español y Sumar no bloquean formalmente la medida, pero han frenado repetidamente su tramitación alegando complejidad técnica y coste.
La situación ha llevado a repetidas movilizaciones del colectivo implicado, con manifestaciones, protestas y amenazas de demandas judiciales. Además, llama poderosamente la atención que sí estén consideradas profesiones de riesgo ocupaciones como la minería, los bomberos públicos, los trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo, los artistas (bailarines y cantantes) o los profesionales taurinos, mientras que no lo estén guardias civiles y policías nacionales, ni tampoco militares, sanitarios de emergencia, personal de la construcción o transportistas.
En este aspecto, la UE no se pronuncia claramente, ya que no existe una regulación única y cada país decide. Algunos países, como Francia, Italia o Austria, cuentan con sistemas similares de jubilación anticipada por peligrosidad. Aun así, sí es una cuestión que ha generado atención en el Parlamento Europeo, donde ha habido debates sobre si debería considerarse de manera homogénea a los policías como profesión de alto riesgo.
Las dos últimas muertes provocadas en Huelva han reactivado la presión política y social, además de encender los ánimos, especialmente después de que la candidata a la Presidencia de Andalucía y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificara los asesinatos de los guardias civiles en Huelva como un “accidente laboral”.
