El Ministerio de Igualdad vuelve a verse inmerso en una nueva polémica; ya fuese desde la gestión de la anterior ministra, Irene Montero, con la redacción de la ley del «solo sí es sí», o las controvertidas campañas pseudoeróticas anunciadas desde el órgano del ejecutivo. Con todos estos episodios destacados, podemos dar fe de que el cambio dentro de la dirección no ha alterado el rumbo mediático de la institución, que sigue siendo cuestionada por declaraciones de su dirigente actual; ya protagonizó diversos titulares en medios de comunicación, por estallar contra el «machismo reaccionario del PP», en respuesta a una pregunta de Jaime Miguel de los Santos que planteaba a la ministra cómo valoraba que los jóvenes estuviesen cada vez menos implicados en la lucha por la igualdad. Tras el anuncio del gobierno valenciano avalando a una asociación que pretende defender a los hombres maltratados, la ministra se ha mostrado contundentemente en contra de esta iniciativa.
Tras unas declaraciones concedidas al programa de Al rojo vivo en La Sexta, Ana Redondo, respondió a la pregunta de si tienen o no derecho a constituirla, alegando que: «Legalmente no lo sé, pero ética, moral y constitucionalmente yo creo que no». En su cuenta de la red social X tuiteó: «La violencia de género es estructural y se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. Es un tipo de violencia no equiparable con ninguna otra. Nuestra obligación es trabajar para erradicarla, no asumir postulados negacionistas que pisotean los derechos de las mujeres».
Las declaraciones de la ministra han desatado una lluvia de respuestas en redes sociales desde posiciones afines y díscolas. Especialmente preocupante es su afirmación negando el derecho constitucional a formar la organización contra las denuncias falsas. La propia carta magna reconoce el derecho de asociación en su artículo 22, pudiendo negarse únicamente bajo: persecución de fines o medios tipificados como delito o ilegales, resolución judicial motivada, tratarse de una sociedad secreta o tener un carácter paramilitar (artículo 22 sección 2,4 y 5). Además, la asociación cumple el requisito del apartado 3 que obliga a ser inscritas en registro, por lo que, al menos bajo los marcos legales, no hay razón fundada para a estar en contra de su formación. Lo más grave del asunto es que la señora Redondo es doctorada en derecho constitucional por la Universidad de Valladolid, teniendo una trayectoria de más de 20 años ejerciendo como jurista.
A pesar de las críticas de parte de la clase política a la formación de esta organización, lo cierto es que la La Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados figura como inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones desde agosto 2022, según indica la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana. Esto ha despertado las críticas de la vicepresidenta segunda y consellera de la Generalitat Valenciana de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda del PP, Susana Camarero, que reclamaba que nos encontramos ante un «ridículo nacional» y denunciaba «la hipocresía» del Gobierno central por criticar la inscripción de la Fundación para la defensa de hombres maltratados que fue «inscrita y autorizada en el registro Nacional de Asociaciones en el año 2022 por el ministro Grande-Marlaska y por lo tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez».
Los fines últimos de la asociación, según la resolución de la Conselleria de Justicia de Interior por la que se acuerda la inscripción de la fundación, es garantizar la protección de los hombres «víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres. Dentro del marco legal vigente, actualmente conocida como violencia doméstica». Y «promover la igualdad integral de derechos entre hombres y mujeres, en concreto velando por las víctimas masculinas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja», según recoge la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Desde la organización ofrecen atención jurídica y psicológica a los afectados. «En España ellos no pueden ir a una comisaría y denunciar a su pareja porque a los policías se les dice en los cursos que la mujer maltratadora es un mito. Si van, los policías hablarán con ella, y si ella dice que él es el agresor, acabará en el calabozo. Recomendamos que graben las agresiones, que consigan partes de lesiones, y que denuncien en un juzgado y con un abogado al lado», explica el abogado de profesión y portavoz de la asociación Juanma Melgar
Cabe destacar que desde el Fichero de Denominaciones de Asociaciones del Ministerio del Interior, hay constancia de otras siete asociaciones o entidades de similar naturaleza, objeto y finalidad, registradas y autorizadas por el Ministerio del Interior. Estas asociaciones se encuentran localizadas en Castilla y León, Canarias, Madrid, y Andalucía.
