En la reciente retransmisión de las campanadas de Nochevieja en RTVE, la humorista Laura Yustres, conocida como Lalachus, protagonizó un episodio que ha desatado una justa indignación entre los españoles que valoran y respetan nuestras tradiciones y símbolos. Mostró una estampa que imitaba el Sagrado Corazón de Jesús, reemplazando la figura central por una vaquilla del concurso televisivo Grand Prix. Este gesto, realizado en uno de los momentos de mayor audiencia del año, no es solo una burla a los católicos, sino también un ataque directo a las bases culturales de nuestra sociedad.

No es casualidad que este acto haya generado la reacción de asociaciones como Hazte Oír, que han anunciado la presentación de una denuncia por un delito contra los sentimientos religiosos, amparándose en el artículo 525 del Código Penal. Este artículo protege a las confesiones religiosas de actos que busquen vejarlas públicamente, algo que evidentemente ocurre cuando se trivializan símbolos sagrados para millones de personas.

Sin embargo, en lugar de condenar este episodio, el Gobierno ha optado por defender a la humorista y anunciar su intención de reformar dicho delito. Según el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, este cambio busca garantizar la «libertad de expresión y creación». Pero, ¿qué libertad de expresión justifica el escarnio de las creencias religiosas de los ciudadanos?

El cristianismo ha sido durante siglos la columna vertebral de nuestra cultura y tradiciones. Desde nuestras fiestas populares hasta nuestro arte y literatura, la fe católica ha dado forma a lo que somos como pueblo. Despreciar estos símbolos no es solo una ofensa personal para los creyentes; es también un desprecio a la esencia misma de España.

Es preocupante que el Gobierno ignore este hecho y prefiera alinearse con una corriente ideológica que busca desmantelar las bases culturales de nuestra nación. Este episodio es sólo un ejemplo más de cómo se utiliza la televisión pública como herramienta para normalizar la burla hacia lo que nos define.

Resulta además revelador el doble rasero del Ejecutivo. Mientras se apresuran a defender la «libertad de expresión» de aquellos que se burlan de los símbolos religiosos, han perseguido judicialmente a quienes critican al PSOE o a miembros del Gobierno. Casos como el intento de sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara por comentarios críticos hacia la mujer del presidente Pedro Sánchez, o las denuncias por comentarios humorísticos hacia altos cargos del partido, muestran una preocupante hipocresía. Parece que la libertad de expresión sólo aplica cuando sirve para atacar a los valores tradicionales.

El ataque a nuestras creencias no es algo que debamos tolerar. La reforma del artículo 525 del Código Penal que propone el Gobierno es un intento más de relegar nuestra identidad cultural al olvido. Los españoles debemos exigir respeto por lo que somos y por lo que nos ha sido legado por generaciones. No se trata solo de defender a los católicos; se trata de proteger la riqueza cultural que define a España.

Permitir que estas ofensas queden impunes o justificadas bajo el pretexto de la «creatividad» es abrir la puerta a un vacío moral y cultural. Debemos alzar la voz, como lo han hecho Hazte Oír y otras organizaciones, para exigir que se respete lo sagrado y se preserve la dignidad de nuestras tradiciones. Si no defendemos lo nuestro, ¿qué quedara de nuestra identidad como nación?