Una urbanización de lujo ubicada en la calle Excelente, en el barrio madrileño de Carabanchel, protagoniza un peculiar caso de ocupación masiva.

Familias peruanas han ocupado veintiocho pisos sin estrenar en este edificio, después de pagar entre 2000 y 2500 euros a un hombre de etnia gitana. Este individuo ofrecía las viviendas directamente en la cola del comedor social de la iglesia del barrio. Allí mismo redactaba los supuestos contratos y entregaba las llaves a los interesados.

Lo más sorprendente es que este hombre aprovechó la baja médica de la conserje, contratada por la constructora, para cambiar los bombines de la puerta de acceso. Posteriormente, instaló a su propio conserje, que ahora controla el acceso al edificio. Tanto los ocupas como los vecinos legales deben avisarle para entrar a la urbanización.

La constructora Vivenio, propietaria de estas viviendas de lujo con gimnasio, piscina, pistas de pádel y aerotermia, ofrece las propiedades en régimen de alquiler. Los vecinos que alquilaron sus pisos legalmente han denunciado los numerosos problemas causados por esta situación de ocupación masiva. Además de no poder acceder libremente a la urbanización por el cambio de cerraduras, se quejan del ruido constante por fiestas, la falta de civismo y las peleas en las zonas comunes. Algunos incluso han reportado manchas de sangre en las paredes de algunos portales y escaleras, resultado de las reyertas entre los ocupantes.

Los residentes también expresan su temor de que la urbanización se transforme en un punto de venta de drogas y otros delitos, dado que algunos ocupas pertenecen a bandas latinas.

Ante esta situación, la constructora ha instalado alarmas y contratado una empresa de desocupación. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes. Como compensación, ha reducido los alquileres en 100 euros, pero esta solución no ha satisfecho a los vecinos, que se están movilizado para recuperar la normalidad.

A pesar de estas acciones, las ocupaciones continúan, y los nuevos vecinos aseguran que no tienen intención de marcharse. «Tenemos un contrato, y de aquí no nos pueden echar. Además, tenemos niños y la ley nos protege», afirman.