En el barrio universitario de Valencia, asoma entre los edificios el alminar de la Gran Mezquita de Valencia. Su construcción fue fruto de un acuerdo entre Ricard Pérez Casado, quien era el alcalde socialista en ese momento, y un empresario sirio. Los más de 300 millones de pesetas que costó el edificio corrieron por cuenta de Kuwait.
Quizás este hecho en 1980 pudiera pasar algo más inadvertido, pues el islam empezaba a tejer sus redes por todo España. Pero, a día de hoy, denunciar que las mezquitas más grandes de nuestro país, de tradición cristiana, han sido levantadas en apenas 40 años con talonarios de petrodictaduras puede ser algo más alarmante. De hecho, puede ser tan alarmante que puedes acabar con una denuncia por delito de odio interpuesta por ONG de radicalizados al servicio del Ministerio de Interior.
Este ha sido uno de los episodios que ha vivido el Frente Obrero tras realizar una campaña electoral centrada en la denuncia de la islamización de España que culminó con la colocación en varias mezquitas de una pancarta en la que se podía leer “NO a las mezquitas financiadas por petrodictaduras”.
Al día siguiente, la revista Afroféminas anunciaba una denuncia ante Fiscalía al partido Frente Obrero por presunto delito de odio. Esperemos que la denuncia esté redactada igual de bien que sus artículos periodísticos, en los que cargan contra la blanquitud y se exalta el indigenismo.
Entre todos los argumentos victimistas del comunicado, se acusa al partido de atacar la convivencia de las personas más humildes de la sociedad. El problema que veo aquí es la definición del concepto de “convivencia” de cada una de las partes. Para las afrodescendientes de ese medio, la convivencia solo parece ser posible cuando un montón de narcotraficantes inmigrantes campan a sus anchas por nuestros barrios, o por lo menos, así lo manifiestan en uno de sus artículos contra la policía de Lavapiés.
Detrás de este panfleto, se encuentra la cubana Antoinette Torres Soler, una inmigrante que imparte conferencias sobre el colonialismo español en nuestras universidades. En algunas de sus entrevistas presume de ser una gran emprendedora, pero su única empresa, la Asociación Somos Arte, es un tremendo fracaso que no levanta cabeza ni con las subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Quizás su percepción de una España racista surge de que a nadie le interesan sus eventos multiculturales donde el único tema de conversación es el privilegio de los blancos.
Lo más preocupante de este asunto, es que el propio Gobierno haga referencia en sus informes a artículos de este panfleto donde se habla de la pigmentocracia en España, sin ni siquiera ofrecer un dato estadístico. Resulta curioso que utilicen el término «pigmentocracia» para un país que tiene diputados negros en el Parlamento, y no para algunos países africanos donde la pigmentación es motivo de discriminación extrema, llegando incluso a la mutilación de albinos por creencias religiosas.
Es preocupante porque el Ministerio del Interior está organizando un aparato represivo contra aquellos que critican el islam. Según su Plan de Acción de Lucha contra Delitos de Odio, incluso el musulmán más conservador que maltrata a su esposa puede ser considerado una víctima. Esta visión se está intentando imponer incluso en la formación policial, ignorando perfiles claramente reincidentes. Se nota que Marlaska nunca ha patrullado, ya que pasar por alto estos perfiles podría costarle la vida a un agente.
Al final, para los activistas racializados este relato del colonialismo español es un negocio redondo, sin el cual no podrían legitimar sus cuantiosas subvenciones ni su exposición en los grandes medios de comunicación. Y mientras apelan al odio religioso aprovechando nuestros espacios democráticos, alimentan un monstruo que poco entiende de tolerancia y diversidad.
