La intención de Trump de imponer aranceles a productos extranjeros ha convertido la cuestión de los aranceles en quizá el principal tema de la actualidad económica.
Un arancel es un impuesto aplicado en aduanas a productos importados. Su objetivo es impedir que las empresas extranjeras vendan por debajo de ciertos precios y proteger así a las empresas y trabajadores del país que lo impone frente a productos más baratos, pero fabricados en condiciones abusivas.
Los aranceles se dirigen contra países que practican competencia desleal: salarios muy bajos, ausencia de controles sanitarios suficientes, falta de protección ambiental, etc. Es razonable que lo producido en condiciones prohibidas en España no pueda venderse aquí sin más. Si lo permitimos, estamos discriminando a las empresas y trabajadores españoles.
Los neoliberales, enemigos de las fronteras nacionales y de toda intervención estatal en la economía, afirman que los aranceles siempre los paga el pueblo, ya que encarecen productos importados y eso reduce el poder adquisitivo. Pero este argumento omite dos cuestiones clave.
Primero: para consumir hay que tener un salario. Si permitimos la deslocalización de empleos a países con costes laborales más bajos y luego dejamos que lo producido allí se venda aquí sin trabas, muchos trabajadores españoles perderán su empleo. Es preferible una leve subida de precios a cambio de mantener trabajos a perder todo su poder adquisitivo por la ausencia de aranceles.
Segundo: es falso que los aranceles siempre los pague el pueblo. Al ser un impuesto, el Estado puede redistribuir lo recaudado mediante ayudas, rebajas fiscales o subsidios a quienes más lo necesiten. Así, se compensa el posible encarecimiento y se protege el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Aranceles contra la competencia desleal, acompañados de mecanismos fiscales de compensación como los descritos, pueden formar parte de una política de comercio exterior beneficiosa para los trabajadores españoles. Digan lo que digan los neoliberales, protegerían del dumping laboral sin castigar al poder adquisitivo.
