La vía más común para obtener la residencia legal en España es el arraigo, que tras la reforma del Reglamento de Extranjería de 2025 se articula en varias modalidades: arraigo social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad.
El arraigo social se concede a quienes han residido en España de manera continuada durante al menos dos años, carecen de antecedentes penales en España y en su país de origen, y cumplen alguno de los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos se encuentran contar con un contrato de trabajo, demostrar medios económicos suficientes, tener vínculos familiares en España o acreditar su integración social mediante un informe de inserción.
El nuevo reglamento introduce además otras modalidades de arraigo. El arraigo sociolaboral permite regularizar la situación administrativa de quienes acrediten una oferta de empleo adecuada, mientras que el arraigo socioformativo permite obtener una autorización de residencia vinculada a la realización de formación profesional o programas formativos orientados al empleo. El arraigo familiar está disponible para quienes sean padres o madres de un menor español, hijos de padre o madre españoles de origen o familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Tras la reforma, esta modalidad cuenta con un régimen propio y puede dar lugar a autorizaciones de residencia de mayor duración.
Otras vías de regularización incluyen la protección internacional o asilo, destinada a personas que huyen de conflictos o persecuciones en sus países de origen, y la residencia por razones humanitarias, otorgada a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema.
El tiempo de residencia necesario para solicitar el arraigo se cuenta desde la primera prueba documentada de estancia en España, como el empadronamiento, facturas, citas médicas o cualquier otro justificante oficial que permita acreditar la presencia continuada en el país.
España tiene requisitos relativamente flexibles para la regularización de inmigrantes en comparación con otros países europeos, lo que la convierte en una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea. En Italia, al igual que en España, existe una figura similar al arraigo social, aunque con condiciones más restrictivas y menos opciones de regularización automática. En Francia, se puede obtener la residencia legal tras cinco años de estancia o mediante regularización laboral después de tres años.
En Alemania, el acceso a la residencia está condicionado con mayor frecuencia a tener un empleo cualificado o una oferta laboral previa. Además, para obtener un permiso de residencia permanente se requieren al menos cinco años de estancia, conocimientos del idioma y pruebas de integración social, aspectos que en España no tienen un peso tan determinante en los procedimientos de regularización.
Un factor común en estos cuatro países es que todos permiten la reunificación familiar, aunque con requisitos distintos. España e Italia suelen ser más flexibles, mientras que Francia y Alemania exigen con mayor frecuencia pruebas de solvencia económica. Asimismo, en todos ellos se puede solicitar la nacionalidad tras varios años de residencia, aunque Alemania y Francia imponen criterios más estrictos, como exámenes de idioma y de conocimiento cultural.
A la vista de estas diferencias, resulta interesante analizar cómo funcionan los sistemas de regularización en algunos de los principales países de origen de los inmigrantes que residen en España. En Marruecos, la regularización de inmigrantes es un proceso más restringido y menos formalizado que en España. Además, el acceso a derechos y servicios es más limitado para los extranjeros.
Marruecos no cuenta con un sistema de arraigo comparable al español. Los inmigrantes en situación irregular tienen opciones limitadas para legalizar su estancia. En la práctica, solo es posible regularizar la situación mediante la obtención de un contrato de trabajo o mediante procedimientos extraordinarios de regularización vinculados a circunstancias humanitarias, y el proceso depende en gran medida de decisiones administrativas. El acceso a servicios públicos también es más limitado. En Marruecos, los inmigrantes en situación irregular tienen derecho principalmente a atención médica de urgencia y no existe un sistema de cobertura sanitaria universal comparable al español. En contraste, España garantiza el acceso al sistema sanitario público incluso a inmigrantes en situación irregular.
En el ámbito educativo, Marruecos permite el acceso de los hijos de inmigrantes a la educación pública, aunque este derecho no siempre está plenamente garantizado para menores en situación irregular. En España, por el contrario, la educación obligatoria está garantizada para todos los niños independientemente de su situación administrativa.
Rumanía, el tercer país con más ciudadanos viviendo en España, presenta también un marco normativo más restrictivo que el español. Los extranjeros que deseen residir legalmente en Rumanía deben obtener un permiso de residencia, temporal o permanente, que puede concederse por motivos de empleo, estudios, reunificación familiar o razones humanitarias. En Rumanía, la entrada o permanencia ilegal en el país puede dar lugar a procedimientos de expulsión. Las autoridades pueden ordenar la salida del territorio de extranjeros que hayan ingresado sin autorización o cuyo visado haya expirado. Además, puede imponerse una prohibición de reingreso al territorio rumano durante períodos que oscilan entre seis meses y cinco años. El estatus de inmigrante irregular también conlleva importantes barreras para acceder a servicios médicos, educación o asistencia social. La falta de documentación limita además la posibilidad de acceder a empleo formal.
Aunque España y Rumanía comparten el marco general de las políticas migratorias de la Unión Europea, presentan diferencias en su enfoque. Mientras que España facilita en mayor medida el acceso de inmigrantes irregulares a derechos y servicios básicos y contempla diferentes vías de regularización, Rumanía mantiene un sistema más restrictivo en el que las opciones de regularización son más limitadas.
