Una de las críticas más habituales al modelo migratorio actual se centra en el acceso a las ayudas sociales. ¿Reciben los extranjeros más ayudas que los nacionales? ¿Supone la inmigración una carga para el país receptor o, por el contrario, aporta más de lo que recibe? Para responder a estas preguntas, conviene empezar señalando que el perfil del inmigrante es amplio y heterogéneo.
Una fuente clave es el Informe de Rentas Mínimas en España (IRM) elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En este caso, tomamos como referencia el más reciente, correspondiente al año 2023.
Según dicho informe, en el apartado dedicado a los grupos de población que perciben ayudas sociales, los españoles representan el 71,11% de los beneficiarios, mientras que los extranjeros suponen el 28,89%. En términos absolutos, los españoles perciben más ayudas, lo cual es lógico dado que constituyen la mayoría de la población. Sin embargo, para interpretar correctamente estos datos es necesario observarlos en términos proporcionales. Y en este sentido, los extranjeros reciben ayudas públicas en mayor proporción que los nacionales.
De acuerdo con el Censo Anual de Población del INE, a 1 de enero de 2024 España contaba con 48.619.695 habitantes, de los cuales el 13,4% eran extranjeros. Es decir, siendo solo el 13,4% de la población, concentraron el 29% de los beneficiarios de ayudas públicas. Si se sumaran aquellos inmigrantes que ya han adquirido la nacionalidad española, el porcentaje sería aún más elevado. Así, puede afirmarse que, en términos relativos, los inmigrantes reciben más ayudas que los españoles.
Frente a esta realidad, hay quienes sostienen que este mayor acceso a ayudas se ve compensado por las aportaciones económicas que realiza la población inmigrante. Sin embargo, diversos estudios realizados en Europa cuestionan este argumento, señalando que el impacto fiscal neto de determinados colectivos inmigrantes es negativo.
El nivel de empleo es un factor determinante. En España, según datos de Eurostat de 2023, la tasa de paro entre los españoles era del 11%, frente al 14,4% entre inmigrantes comunitarios y al 19% entre extracomunitarios. Además, existen notables diferencias de género en algunas comunidades. Por ejemplo, en Cataluña, el 54,2% de las mujeres marroquíes no trabaja, según el INE, y en el caso de las mujeres pakistaníes la cifra asciende al 39%. La comunidad marroquí, que es la nacionalidad extranjera más numerosa, presenta también la tasa de desempleo más alta, un 27,1%. Estos datos dificultan que sus contribuciones a la Seguridad Social estén al mismo nivel proporcional que las de la población autóctona.
Ninguna de las tres nacionalidades extranjeras más numerosas en España figura entre las cinco que más aportan a la Seguridad Social. La nacionalidad marroquí, a pesar de ser la más representada entre los extranjeros, ocupa el noveno puesto en volumen de cotizaciones, con solo un 40% de afiliados. Junto a los marroquíes, la nacionalidad con menor tasa de afiliación es la británica (23%). Por el contrario, la nacionalidad venezolana se sitúa en segundo lugar tras la española, con un 74% de afiliación.
El hecho de que una parte significativa de los inmigrantes trabaje en sectores con bajos salarios también reduce su impacto fiscal neto. En líneas generales, la contribución de la inmigración en España es neutra: los extranjeros representan aproximadamente el 14% de la población y aportan cerca del 14% de las cotizaciones. Sin embargo, globalmente cotizan menos y reciben más ayudas, en términos proporcionales, que los nacionales. Si nos centramos en las nacionalidades extranjeras más numerosas, la brecha es aún mayor: aportan considerablemente menos y reciben más prestaciones sociales.