El campo europeo está enfurecido. Cada semana nos llegan noticias de disturbios y manifestaciones por toda Europa debido al tremendo descontento de agricultores y ganaderos con la agenda verde europea. En Francia, los agricultores, después de varias semanas de revueltas, amenazan con bloquear París indefinidamente si no se les escucha, mientras en las fronteras vuelcan camiones españoles e italianos acusándolos de competencia desleal. El mismo Macron abunda en este sentido ocultando que algunos de los estándares que asfixian a sus agricultores no son normas de la Unión Europea, que tanto Italia como España cumplen como es su obligación, sino que son fruto de las políticas propiamente francesas, que van más allá de las exigencias de Bruselas. No son los agricultores españoles o italianos los que son desleales sino su propio gobierno y la misma UE.
También rechazan el tratado de libre comercio con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) tras el pacto de 2019, que tardó 20 años en alcanzarse y que consideran inaceptable, por no cumplir estos países los estándares europeos de calidad y al que califican como la «ley de la selva».
Y por supuesto, esto es común en todas las protestas, los agricultores protestan por el endurecimiento de las normas, la disminución de las ayudas y la burocratización de la Política Agraria Común (PAC).
En Alemania, la chispa que ha encendido el conflicto con los agricultores, apoyados por los transportistas, ha sido el anuncio de la eliminación gradual de las ayudas fiscales al gasóleo y la exención de los vehículos agrícolas y forestales de pagar el impuesto sobre vehículos de motor, lo que según La Asociación Alemana de Agricultores les llevaría a la quiebra.
En Países Bajos, las movilizaciones empezaron allá en 2019, por la exigencia del gobierno de reducir la producción ganadera a la mitad. Este descontento ha sido capitalizado por un nuevo partido de amplio espectro (Movimiento Campesino-Ciudadano) que ha revolucionado la política del país logrando una histórica victoria en las elecciones provinciales del pasado mes de marzo.
En Rumanía, Polonia, Hungría y Eslovaquia, los transportistas y agricultores protestan contra el elevado precio del gasóleo y, sobre todo, de los seguros para la maquinaria pesada y de los productos importados de Ucrania. Desde que empezó la guerra, las rutas del Mar Negro quedaron bloqueadas y Bruselas levantó temporalmente las restricciones al paso de mercancías ucranianas, permitiendo que sus productos agrícolas inundaran Europa. Los precios en los países vecinos cayeron en picado y los agricultores locales no pudieron vender sus cosechas. Para paliar el problema, se decretaron restricciones temporales a las exportaciones de Ucrania a sus vecinos, pero cuando expiró la prohibición, los gobiernos de estos países anunciaron sus propias restricciones al margen de la UE, exigiendo que se revisen sus medidas de liberalización comercial con Ucrania de forma definitiva.
En Grecia, cuyo sector primario alcanza el 15% de su PIB, tienen los mismos problemas asociados con las políticas verdes y de libre mercado que impone Bruselas. Esto sobre todo afecta a los precios de la energía y los fertilizantes, destacando la falta de fondos públicos para paliar los desastres naturales como la tormenta Daniel, que provocó unas terribles inundaciones que les hicieron perder la cuarta parte de los terrenos fértiles del país. Mientras, la UE contesta a su petición de auxilio diciendo que ya no queda presupuesto de 2023 para agricultura y que tendrán que esperar a que se aprueben los de 2024.
Todo este descontento y la desestabilización que supone a puertas de las elecciones europeas ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a lanzar un foro de «diálogo estratégico» sobre el futuro de la agricultura, para intentar aplacar la ira del sector y reconciliar las posiciones con la agenda verde. Ya lo intentó con la ley de restauración ambiental, pero fracasó y las protestas no sólo no han desaparecido, sino que van en aumento. La idea del foro es reunirse cada seis semanas y juntar representantes de la cadena alimentaria, cooperativas, empresas y representantes de la sociedad civil para responder a los problemas de sostenibilidad, innovación, competitividad y remuneración de los agricultores de cara al futuro.
Esta iniciativa no tiene mucha credibilidad, cuando al mismo tiempo que se legisla contra la producción europea, se negocian tratados con actores de cualquier parte del mundo que no respetan las mismas normas sanitarias y ambientales, obviando el impacto energético de su distribución, escondiendo que la sostenibilidad del planeta es un tema global y que no vale externalizar la contaminación e ignorando que los fitosanitarios prohibidos en Europa por ser tóxicos y que utilizan terceros países van a llegar de igual modo a nuestra mesa.
Y aquí en España, ¿en qué andamos? Pues estamos igual de arruinados que en el resto de países: nos ahogan los gastos, nos asfixian con normativa «verde», endurecen las condiciones de la PAC y nos obligan a no ser competitivos. Luego dan al agricultor o ganadero «cuatro perras» para que callen y los hacen dependientes mientras compran los productos más baratos a otros países. La producción española, tan sana y eco-resiliente la tiramos a la basura, y los mismos fondos buitre españoles se van a cultivar a Marruecos.
Tras retirar las subvenciones y desplazar a la población rural para colocar paneles solares, sólo queda trabajar de forma precaria en los servicios. Y si aún te resistes, aumentan la burocracia por ejemplo con un «cuaderno digital» que los más mayores (la mayoría, pues no tenemos relevo generacional) no podrán gestionar (marcar con el móvil la situación de las fincas, hacer y mandar fotos, formularios…) y con unas páginas oficiales laberínticas y penosamente diseñadas. Si tienes problemas, ya sabes contratar y pagar a alguien que lo haga por ti.
Tristemente, la defensa del campo español pasa ahora mismo por la salida de la Unión Europea y la recuperación de la soberanía. Mientras, se intenta asociar a los movimientos de resistencia del mundo rural con la extrema derecha, tanto en Europa como aquí en España. Es falso, pues, aunque es evidente que los partidos políticos intentarán siempre aprovechar los movimientos sociales para darse visibilidad, la realidad es que las protestas están por encima de la política partidista, son gente de variados pensamientos, pero con el común denominador de defender el mundo rural y su propia subsistencia. También sabemos que la izquierda sistémica utiliza el fantasma de la extrema derecha como mantra para insultar y ningunear a todo aquel que se salga de su corta visión. Es lo mismo que ocurre con cualquiera que cuestione el modelo migratorio, por ejemplo, que inmediatamente es tachado de racista y xenófobo. Hasta se han inventado una definición para aquellos que se resisten a las políticas europeas y a sus lobbies ambientalistas y animalistas, llamándoles «agro-fascistas».
Las organizaciones agrarias mayoritarias en este país callan y otorgan pues como los sindicatos están inmersas en la dinámica partidista y también dependen de las subvenciones. Solo parecen dispuestos a pelear pequeñas asociaciones y federaciones locales. Esperemos que despierten de una vez y se sacudan el polvo, que vaya a más y que pronto seamos un clamor que no se pueda silenciar.
Porque cuando ya esté todo hecho y hayamos acabado con nuestro sector primario ya no se podrá revertir la situación: será tarde para recuperar los campos y granjas, todo ese conocimiento, esas personas y tradiciones se habrán perdido junto con la soberanía alimentaria. La agricultura y la ganadería familiar y tradicional solo será una asignatura de la historia del país para que se estudie en la universidad lo que pudo ser y ya no será.
Quiero recordar aquí algo que suele olvidarse y es que el detonante de la Revolución Francesa de 1789 no fueron las ciudades como podría parecer, sino una enorme crisis en el campo, oprimido por las estructuras feudales, con una pesada carga fiscal que crecía cada día, malas cosechas y el elevado precio del pan, que combinado con las ideas de la Ilustración llevó a importantes revueltas campesinas que incluyeron el asalto a propiedades de la aristocracia y a la quema de documentos feudales y que contribuyeron a debilitar al «antiguo régimen» y, por ende, a la revolución. Que alguien tome nota.