La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, define el desamparo como el incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, por parte de padres o tutores, dejando al menor sin la asistencia moral o material necesaria. Esta definición, que abarca desde los abusos sexuales al abandono, desde la negligencia hasta la violencia física o psicológica, entre otros, establece un marco de actuación para que los Servicios Sociales retiren a los menores de sus familias para asumir su cuidado en los centros de protección. En estos centros, los equipos, formados por educadores sociales, llevan a cabo acompañamientos y programaciones, en coordinación con distintos agentes: equipos de Servicios Sociales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores), escuelas, centros de tiempo libre… intentando siempre tener como máxima el interés superior del menor. Pero estas nuevas “familias temporales” llevan seis años intentando dialogar con las entidades gestoras de la mayoría de los proyectos y con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para redactar un convenio que establezca unas condiciones dignas para llevar a cabo su trabajo. Sus principales quejas, sumadas a la sensación de que ni se les escucha ni se les tiene en cuenta, son las siguientes:- Plantillas inestables e intrusismo laboral. Ambas potenciadas por la ausencia de una facultad que permita estudiar presencialmente la carrera de Educación Social, y que repercute directamente en la calidad de la intervención a medio-largo plazo.- Precariedad salarial, de los 1.245,92 € que cobraba un trabajador en 2002, a los 1.195,46 € en 2022, con una subida de 4,11 € (salario base y complemento específico) en 2025.- Ausencia de un reconocimiento de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (agresiones, estrés postraumático, burnout).
El pasado día 20 de octubre los responsables sindicales de CGT, UGT y CC. OO. acudieron al SAMA para intentar descongestionar esta situación junto con los responsables de las entidades, aunque ya hay convocada una huelga en todo el sector autonómico de protección y reforma el día 23. ¿Qué hay del reparto de menas por parte del Gobierno central? En medio de esta crispación por la situación de los trabajadores del sector social, cabe plantearse si se puede dar una atención de calidad a los más de 200 menores migrantes que el Consejo de Ministros acordó traer a la comunidad. Se trata de un colectivo vulnerable que puede mostrar aspectos psicosociales propios: situación de duelo sin resolver que puede derivar en el síndrome de Ulises, la posible aparición de frustración ante las expectativas no cumplidas, o las consecuencias del choque cultural, todo ello sumado, en muchos casos, a una gran barrera idiomática. Estos aspectos, soportados durante una etapa tan complicada como es la adolescencia, pueden desembocar en conductas antisociales, problemas psicológicos y/o consumos, si no se abordan con programas de calidad y un marco legal suficientemente protector capaz de aplicar consecuencias tanto al buen comportamiento como al malo. Nunca es mal momento para plantearse quién y cómo cuida de los jóvenes, pues tal y como decía Pitágoras «educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres».
