Existen ciertas creencias muy arraigadas en la sociedad que no se ajustan a la realidad. O, al menos, ya no lo hacen, ni en la actualidad ni en muchas zonas geográficas del país. Una de las más extendidas es que los médicos ganan mucho dinero y gozan de una posición laboral privilegiada. Puede que en otros países los médicos se encuentren entre los profesionales mejor remunerados en comparación con el resto de la población. En España, sin embargo, han visto cómo sus condiciones se han ido deteriorando paulatinamente hasta alcanzar el estado actual de desgaste y precariedad.
A pesar de ello, incluso algunos representantes políticos —especialmente desde la izquierda tradicional— siguen refiriéndose a los médicos con un tono de desprecio populista. Se les representa más como engranajes de un sistema opresor que como trabajadores que también sufren sus consecuencias. Y es que, en este caso, la percepción social no hace más que reflejar la actitud de la clase política hacia los profesionales de la salud.
Para comprender el origen de esta visión deformada, conviene retroceder casi cuarenta años. En 1988, durante una huelga de médicos en Andalucía, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, pronunció una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva del sector: “Los médicos, de esta huelga, van a salir con la bata blanca, pero con las alpargatas”. Una afirmación especialmente reveladora, si se tiene en cuenta que provenía de un dirigente socialista hablando sobre una huelga.
Con esas palabras, Guerra dejaba clara su intención de que los médicos salieran no solo derrotados, sino empobrecidos. No solo debían perder poder adquisitivo, sino también estatus social. La frase resumía, en tono sarcástico, una postura política que consideraba a los médicos prescindibles —e incluso culpables— por reclamar condiciones dignas. Como era de esperar, la reacción del colectivo fue inmediata, y buena parte de la sociedad entendió aquellas palabras como una falta de respeto y de reconocimiento hacia la profesión médica.
El mensaje implícito era rotundo: las huelgas no sirven de nada, porque es el Gobierno quien decide. Y si los médicos se atreven a ejercer ese derecho, pueden salir perjudicados. Aquel comentario no fue una anécdota ni un exabrupto: expresó con nitidez una actitud institucional que, tristemente, sigue vigente. Los médicos son tratados como un recurso del sistema, no como profesionales con derechos, necesidades y límites.
La precariedad que ya se vislumbraba entonces se acentuó con crudeza durante la crisis económica de 2008. Los recortes presupuestarios golpearon duramente al sistema sanitario: se congelaron plantillas, aumentaron los contratos temporales y se impusieron ritmos asistenciales incompatibles con una atención de calidad. Esto tuvo un impacto directo tanto en los profesionales como en los pacientes. Muchos médicos comenzaron a encadenar contratos de días o semanas, a desplazarse entre varios centros en una misma jornada o a trabajar turnos ininterrumpidos con escaso o nulo descanso.
La figura del médico interino o eventual —que en teoría debía ser excepcional— pasó a ser mayoritaria. A día de hoy, miles de médicos que llevan años o incluso décadas trabajando en el sistema público carecen de plaza fija, estabilidad geográfica o un plan claro de desarrollo profesional. Esta anormalidad se ha naturalizado como parte del sistema.
A pesar de ello, los medios de comunicación apenas reflejaron esta realidad. En el imaginario mediático, los médicos seguían siendo esos profesionales de élite con sueldos abultados y horarios cómodos. La precarización, lejos de ser una respuesta temporal a la crisis, se convirtió en la nueva norma. Los discursos políticos simplificadores y la creciente judicialización de la medicina han contribuido también a la pérdida progresiva del prestigio y la autoridad técnica de los médicos. En la gestión sanitaria, además, cada vez intervienen más perfiles políticos que técnicos, lo que debilita aún más el sistema.
Lo que los médicos exigían en 1988 es, en esencia, lo mismo que siguen reclamando hoy. Sin embargo, las condiciones no han mejorado. Alfonso Guerra dejó claro entonces que los médicos no solo no lograrían sus objetivos, sino que podían acabar perdiendo más de lo que pretendían defender. Su frase, una mezcla de amenaza y burla, se recuerda hoy como un ejemplo de cómo el poder político ha menospreciado sistemáticamente las demandas del personal sanitario. Y, lo más preocupante, es que sigue teniendo plena vigencia.
En 2025, los médicos continúan luchando por los derechos que han ido perdiendo con los años. Las condiciones laborales marcadas por la sobrecarga asistencial y la falta de estabilidad son hoy motivo de protesta en todo el país. El tema ha vuelto a ocupar espacio en el debate público gracias a la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ha provocado una ola de indignación entre los profesionales. Esta situación se ha traducido en un éxodo constante de médicos al extranjero y, sobre todo, en un agotamiento crónico de los profesionales que sostienen el sistema sanitario.
Muchos médicos tenían esperanzas con la llegada de Mónica García Egea al sillón ministerial. Pero el hecho de que sea médico, no ha servido para que luche por mejorar las condiciones de sus colegas y atender a sus peticiones. Y es que el Estatuto Marco ha generado mucha polémica. Cuando se habla del Estatuto Marco no se hace referencia a una nueva legislación. El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en España fue establecido por la Ley 55/2003. En la actualidad ha sido objeto de críticas debido a su antigüedad y falta de adaptación a las necesidades reales del sistema sanitario. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha propuesto una reforma. Sin embargo, este borrador ha generado controversia y una fuerte oposición entre los profesionales sanitarios.
Una de las principales propuestas del borrador es incluir a todos los graduados sanitarios en el grupo A1. Esto, lógicamente, ha provocado el rechazo de médicos y farmacéuticos, que consideran que su formación, especialización y nivel de responsabilidad justifican la creación de un subgrupo A1+. A ello se suman otros puntos conflictivos: se mantiene la obligatoriedad de las guardias sin que computen para la jubilación, y se plantea que los médicos especialistas deban trabajar exclusivamente para el Sistema Nacional de Salud durante los cinco años posteriores a finalizar su formación MIR.
En el Hospital de Jerez, por ejemplo, los médicos han denunciado públicamente que el nuevo Estatuto contempla jornadas obligatorias de hasta 48 horas, a las que se suman 150 horas adicionales sin contar el tiempo de descanso posguardia. Según sus declaraciones, muchos facultativos trabajan más de 70 horas semanales pero cotizan por menos de la mitad. Además, se plantea una ampliación de hasta 150 horas adicionales al año. Probablemente, si esta situación afectara a otro colectivo , sería objeto de escándalo en buena parte de la izquierda. Pero como se trata de médicos, no lo es.
En Navarra, los facultativos también han salido a la calle. En una huelga reciente, denunciaron “la insoportable sobrecarga laboral de los facultativos que imposibilita dedicar el tiempo médico necesario a los pacientes, junto con el exceso de horas de trabajo por encima de la jornada que la Administración obliga a realizar al colectivo, sin límite, con la excusa de las necesidades del servicio”.
La situación se agrava aún más cuando se analiza el contexto general del sistema. Hay colapso en los servicios de urgencias de prácticamente todas las comunidades autónomas, una desconexión creciente entre las decisiones políticas y las necesidades reales del personal médico, y una sensación generalizada de abandono. El nuevo Estatuto Marco, lejos de ofrecer una solución, parece profundizar en esa desconexión: actualiza la norma sin escuchar a quienes la sostienen a diario con su trabajo. Y si la reforma no se construye desde el diálogo real con los profesionales, solo servirá para agravar una crisis que ya amenaza con ser estructural.
