lunes, mayo 20, 2024

Decretos de saqueo

Los culpables del estado de los embalses somos tú, yo, y por supuesto, la malvada agricultura.

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La Junta de Andalucía anuncia su cuarto decreto de sequía. Para los que venimos siguiendo el estado de los embalses en el territorio andaluz, la noticia no es una sorpresa. La gestión del agua tanto a nivel autonómico como nacional es una enfermedad crónica autoinfligida.

Andalucía se ha enfrentado a un invierno especialmente seco, con cinco de las ocho provincias recibiendo menos de 200mm de precipitaciones totales en el mes de diciembre. Comparativamente, en el mismo mes de 2022, sólo Almería y Granada vieron datos similares. Prácticamente toda Andalucía acabó el 2023 en sequía.

El elefante en la habitación lo encontramos cuando estudiamos qué implica la sequía. En los planes de emergencia por sequía se contemplan dos escenarios: la sequía y la escasez. La primera tiene que ver directamente con las precipitaciones y es algo intuitivo, que no depende de la gestión del agua. Sin embargo, la escasez tiene en cuenta directamente el estado de los embalses y el uso del agua. Esto significa que una temporada especialmente seca puede aventarse fácilmente sin escasez con buena infraestructura y un uso racional del agua. Y aquí es donde está el problema.

Un vistazo al estado de los embalses a nivel estatal da varias pistas. La reserva hídrica en Galicia y el Cantábrico supera el 80% de su capacidad, mientras que, en las cuencas internas de Cataluña, o en Andalucía, no llegan al 20%. Hace poco asistíamos al desembalse del Torcón, en Toledo, por exceso de agua tras lluvias intensas. En Galicia, Naturgy sacaba provecho del estado de los embalses para inyectar electricidad procedente de las presas hidroeléctricas. En el norte llueve más que en el sur, y esto no es novedad. Esta asimetría geográfica en las precipitaciones viene acentuada por el hecho de que, en España, la mayoría de grandes cauces discurren de Este a Oeste, y viceversa, por lo que territorios como Almería o Badajoz no pueden recibir de manera natural el exceso de agua acumulada en el norte del país. Cabe preguntarse si los diferentes ejecutivos tienen previstos planes de trasvase, o si los «potenciales efectos ambientales» que polemizaron el trasvase del Ebro están por encima de la necesidad de agua de todos los españoles.

La sequía como excusa

El presente y los anteriores decretos de sequía son una vía para evitar sanciones desde la Unión Europea. Estas sanciones se producen sólo si el deterioro de las masas hídricas –vaciado de los embalses, redistribución arbitraria del uso del agua, falta de suministro (cortes de agua)– tiene lugar en situaciones normales y previsibles. Mediante el decreto de sequía, lo que la Junta viene a señalar es precisamente la existencia de una situación anómala e imprevisible que les exonere del castigo europeo.

Los decretos de sequía no existen para garantizar un suministro. El problema del agua en Andalucía es un problema de escasez estructural, y es objeto del Plan Hidrológico PH, no del Plan de Sequía. El PH es el que proyecta, aborda y garantiza la existencia de una infraestructura de almacenamiento y suministro racional del agua. Esto revela que la actual situación en la comunidad andaluza sí es previsible, especialmente considerando los periodos de sequía vividos en 1991, 1995, y entre 2005 y 2007, y en general las escasas precipitaciones en el territorio. Nadie puede decir que no estábamos avisados.

La Junta lleva años calculando cuánta sequía nos podemos permitir sin sanciones, y preparando la carta que libre de las mismas cuando la situación se va de las manos.

¿Decreto para qué?

Andalucía tiene seis demarcaciones hidrográficas, de las cuales las demarcaciones de Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas son competencia de la Junta. La demarcación del Guadalquivir –de la que bebe el Parque Nacional de Doñana–, Segura y Guadiana son competencia estatal. Dado que el marco jurídico nacional pone en 20.000 el número de habitantes abastecidos para obligar la elaboración de un Plan de Emergencia por Sequía para Abastecimientos Urbanos (PEM), en las demarcaciones estatales el 50% de los municipios del Guadalquivir, y la totalidad de los de Segura y Guadiana, no están cubiertos por un PEM.

El resultado es que municipios próximos, y por tanto con la misma vulnerabilidad en cuanto a escasez, tienen diferentes herramientas y cobertura a la hora de gestionar el agua, y obligando a estos municipios a mancomunarse para satisfacer su cobertura hídrica. Y si la mayor brecha de cobertura está en las demarcaciones que gestionan desde la Moncloa, puede uno preguntarse qué utilidad trae el nuevo decreto de sequía autonómico a la hora de abordar la escasez en estos territorios.

En los decretos de sequía se recogen unas dotaciones económicas (200 millones de euros para el previsto a finales del mes) para invertir en infraestructuras, en ocasiones obras ya acordadas anteriormente. Estas obras en ocasiones demoran hasta 3 o 4 años en terminarse, por lo que no son una medida de uso frente a la situación en la que se aprueba el decreto. En su lugar, son una herramienta muy útil para ubicar prestaciones según la «afinidad del demandante», por lo que en lugar de preguntarnos si Andalucía atraviesa un fuerte periodo de escasez, deberíamos mirar en los contactos de Moreno Bonilla a corto plazo.

Un paso atrás

El problema del agua no es exclusivamente andaluz. En España llevamos años asistiendo a la demolición de embalses y pantanos y al desentendimiento de las labores de mantenimiento en los cauces fluviales. Esto, sumado al desprecio hacia la proyección de nuevos embalses y estructuras para acumular el excedente hídrico, nos lleva a una situación en la que la demanda de agua pelea por recursos cada vez más escasos y peor gestionados, a tirar el agua cuando no se puede guardar y cortar el grifo cuando llueve menos de la cuenta. Una profecía autocumplida.

En la tónica ecologista habitual, el problema del agua se aborda desde una perspectiva individual y, me atrevería a decir, litúrgica. El gran culpable de la escasez no es un ejecutivo que regala este recurso a sus más allegados inversores, sino que es el consumidor. La escasez no la provoca la destrucción de los pantanos, sino ese minuto extra que tardas en la ducha. Esto es verdad, porque Greenpeace habla por boca de Cristina Pedroche, y su vestido de agua visibiliza el gran problema al que nos enfrentamos. ¿Y cómo iba Greenpeace a mentir sobre este gran problema? En absoluto. Los culpables del estado de los embalses somos tú, yo, y por supuesto, la malvada agricultura. Arrepiéntete, pide perdón cuando lleguen los cortes en el suministro y suelta alguna perrilla para Ecologistas en Acción, ya que estás. Que la sequía sólo tiene que ver con la sobreexplotación. Con tu sobreexplotación.

Vamos a ser sinceros, y hablaré por Andalucía en particular. Esta tierra le debe al olivo algo más que una seña de identidad, pero ya no vivimos en 1800. La agricultura ha visto cambios lo suficientemente importantes como para poder cultivar algo más que aceituna en esta árida tierra. Miles de familias y pequeños productores viven de un sector que se ha reducido hasta una fracción de su tamaño mientras que la tierra se ha ido concentrando en menos manos. A la insostenible Política Agraria Común, que ha dejado nuestro campo seco e inoperante, se le suma la persecución ideológica de los ecologistas. Y que no me malinterpreten, quizá no hace falta poder saborear aguacates todo el año ni plantar fresas a escasos 100 metros del Parque Natural de Doñana, pero España tiene que comer. Y la solución no pasa por importar la producción del Magreb o apretarse el cinturón.

La guerra contra los fertilizantes, contra los pesticidas y contra el riego tiene más de un objetivo. El primero, reconvertir la tierra de uso agrario hacia la omnipotente y omnipresente producción fotovoltaica, la energía «cool» del siglo XXI. El segundo, el desplazamiento de multitud de pequeños propietarios en pro de unos agentes económicos muy particulares, como Coca-Cola, que poco a poco se están haciendo con el acceso al agua en nuestro país. A Doñana le supone una mayor amenaza los deseos de Blackrock de hacerse con el Guadiamar que los pozos sobre el acuífero. El agua está a dos telediarios de convertirse en un recurso privativo.

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