La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicar a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar datos de escuchas judiciales ha encendido todas las alarmas en Washington. Varios congresistas republicanos han pedido a la administración Trump que investigue el acuerdo y que revise incluso el intercambio de inteligencia con España, ante el riesgo de que información sensible acabe en manos del Partido Comunista Chino.
Los legisladores estadounidenses Richard Hudson y Gus Bilirakis consideran el contrato “profundamente preocupante” y solicitan al Departamento de Comercio medidas inmediatas. Por su parte, senadores como Tom Cotton han advertido del impacto que este acuerdo podría tener en la confianza mutua entre aliados.
El Ejecutivo español insiste en que el sistema es “estanco y aislado”, pero no logra despejar las dudas de seguridad. Incluso dentro del país, el PP ha acusado al Gobierno de “poner en riesgo la seguridad de España y sus socios internacionales” por anteponer un criterio económico a la protección de datos estratégicos.
Este episodio abre un nuevo frente en las relaciones transatlánticas y deja a Sánchez en el centro de la polémica: ¿qué pesa más, el ahorro en un contrato público o la confianza de nuestros aliados en plena tensión geopolítica con China?
