El derecho a rectificar no puede convertirse en el derecho a callar
El derecho de rectificación nació para proteger al ciudadano frente al abuso informativo, no para blindar al poder frente a la crítica. Esa diferencia, que parece obvia, es hoy el eje de una polémica que va mucho más allá de una simple reforma legal. Porque cuando un Gobierno impulsa una nueva ley de rectificación en un contexto de creciente control del discurso público, la sospecha no es paranoia: es prudencia democrática.
El problema no es la rectificación en sí. Nadie discute que una información falsa deba ser corregida, ni que los medios tengan responsabilidades. El problema aparece cuando el concepto de “rectificar” se estira hasta incluir opiniones, interpretaciones o enfoques incómodos para el poder político. En ese momento, la rectificación deja de ser un instrumento de defensa y empieza a parecerse peligrosamente a un mecanismo de presión.
Obligar a un medio, a un creador o a un comunicador a publicar una versión alternativa de los hechos —aunque estos estén correctamente contrastados— introduce una idea inquietante: que la verdad ya no se debate, se impone. Y cuando es el poder quien decide qué debe corregirse, el periodismo deja de fiscalizar al Gobierno para empezar a caminar sobre un campo minado.
La democracia no se debilita solo con censura directa. A menudo lo hace mediante leyes “bienintencionadas” que generan autocensura, miedo a las consecuencias legales y desgaste económico y psicológico para quien informa. No hace falta cerrar un medio: basta con saturarlo de exigencias, rectificaciones forzadas y amenazas jurídicas.
Además, trasladar este modelo al ámbito digital y a los creadores independientes agrava el problema. Muchos no cuentan con equipos legales ni estructuras empresariales sólidas. Convertirlos en sujetos especialmente vigilados equivale a advertirles de que opinar sobre política, poder o instituciones puede salir caro.
Combatir la desinformación es necesario, pero no puede hacerse sacrificando el pluralismo ni la crítica. La verdad no necesita protección estatal cuando es sólida; lo que necesita es contraste, debate y libertad. La historia demuestra que cuando un Gobierno se obsesiona con “corregir” lo que se dice de él, rara vez es por amor a la verdad.
El derecho a rectificar no debe transformarse en el derecho a incomodar menos al poder. Porque cuando eso ocurre, ya no hablamos de una ley técnica, sino de un síntoma: el de una democracia que empieza a desconfiar de la libertad que dice defender.
