El Gobierno ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para anular el acuerdo aprobado por el Partido Popular con el apoyo de Vox que prohíbe el uso de polideportivos municipales para rezos musulmanes. La medida municipal, adoptada para preservar las instalaciones para actividades deportivas y evitar su uso como espacios de culto, afecta principalmente a celebraciones multitudinarias como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero.
El Ejecutivo sostiene que esta norma vulnera la libertad religiosa recogida en la Constitución y ha decidido impugnarla, lo que supone un choque directo con el consistorio y reabre el debate sobre el alcance real de la autonomía municipal frente a las competencias del Estado.
Críticos con la decisión del Gobierno señalan que se trata de una intromisión en la gestión local, cuestionando que el Ejecutivo actúe con tanta celeridad en este caso mientras evita intervenir en otros conflictos que afectan a derechos fundamentales. También apuntan a un posible doble rasero, ya que restricciones similares a otros credos no han recibido la misma respuesta.
La batalla legal que se abre ahora entre Madrid y Jumilla no solo decidirá el futuro de esta ordenanza, sino que sentará un precedente sobre hasta dónde puede llegar el Estado para imponer su criterio en materia de culto y gestión de espacios públicos.
