Si la política en España es uno de los temas más polémicos, y que más preocupa a la opinión pública española, sin ninguna duda el excesivo gasto público en una clase política muy numerosa y la poca utilidad de determinados ministerios y su financiación son motivos de aún mayor preocupación para los españoles. Uno de los ministerios más señalados por su gran gasto y sus numerosas e innumerables polémicas es el Ministerio de Igualdad, acompañando especialmente a las dos últimas ministras (en las que nos centraremos en el artículo) del ministerio: Irene Montero y la actual ministra, Ana Redondo.
El Ministerio de Igualdad arrancaba 2020 con el nombramiento de Irene Montero, diputada de Podemos en aquel momento en el Congreso de los Diputados, como ministra. Anteriormente, desde 2018, había sido liderado por Carmen Calvo, cuando Igualdad estaba todavía integrado en el Ministerio de Presidencia. Con la llegada de la formación de Pablo Iglesias al gobierno se planteó la creación de un propio ministerio para los “morados”, algo que ocurrió finalmente en 2020 y no sin polémica dentro de las propias filas socialistas.
Las polémicas con Montero y su ministerio empezaron más pronto que tarde, concretamente el 8 de marzo de ese año. Los problemas derivados del COVID-19 y su llegada a España plantearon el debate de si se debía celebrar la tradicional manifestación del feminismo en España. Frente al consejo de los diversos expertos, que manifestaron que tales concentraciones podían dar lugar a multitud de contagios, la ministra hizo oídos sordos y decidió seguir adelante. Ya en la propia manifestación las redes sociales comentaron un hecho que no pasó desapercibido: Montero tenía síntomas de COVID-19, donde se la podía observar en numerosos vídeos de aquel día estornudando y con lo que parecía el inicio de la enfermedad. Tan solo cuatro días después publicó en sus redes sociales la noticia que ya se intuía, estaba infectada. Posteriormente, se ha demostrado que la ministra no solo mintió, sino que podía intuir que estaba infectada antes de acudir a la manifestación, tal y como se recoge en su último libro “Algo habremos hecho”, en el que admite que mintió y dio positivo el día 10, dos días antes de lo anunciado. La primera polémica del Ministerio de Igualdad se vio opacada por toda la situación existente en España por la situación del COVID-19, algo que hizo que pasase a un segundo plano hasta el fin de las restricciones y la vuelta a la cotidianidad.
La siguiente polémica fue la de la Ley Trans, muy disputada por Podemos y que incluso pudo hacer temblar el gobierno si no era aprobada. La ley se basaba en la aceptación de la teoría queer y otras teorías del género y del sexo, careciendo de respaldo científico que las avalase. Pese a ello, la ley fue promovida, teniendo entre sus propuestas medidas como el cambio registral y la autodeterminación de género a partir de los 14 años sin tener que aportar informes médicos, psicológicos ni psiquiátricos, la persecución de las «terapias de reconversión» que llegaban a estar penada con multas que van desde los 10.000 a los 150.000 euros o reconocer las infancias trans y permitir la hormonación a menores de edad que quisieran transicionar. Tras la aprobación de la ley distintas asociaciones feministas pidieron y siguen pidiendo su anulación por, según sus palabras «defender el borrado de las mujeres» o «el cambio de sexo de hombres hacia mujeres en casos en los que la ley les beneficiaba tras cometer un delito».
Mientras Igualdad seguía de polémica en polémica, debido a las declaraciones de Montero sobre el sexo con menores, su viaje a Nueva York junto a personas del ministerio con el avión presidencial, el uso del lenguaje inclusivo durante sus intervenciones o la aprobación de una campaña de verano en la que se usaron fotos sin permiso y manipuladas de mujeres (y posterior denuncia de las mismas a través de las redes sociales) denominadas como «no normativas», surgió una nueva figura dentro del ministerio que provocaría aún más polémicas dentro del propio ministerio, Ángela Rodríguez Pam.
Ángela Rodríguez Pam llegaba a la secretaria de Estado de Igualdad como una apuesta personal de Irene Montero, con la intención de dar visibilidad a todo lo desarrollado en el ministerio. La jugada no salió bien, pues la nueva secretaria de estado se vio rápidamente envuelta en multitud de polémicas, algunas como «pedir más consentimiento y menos raíces cuadradas» en los colegios, difundir un vídeo en sus redes sociales donde aparecía con unas asistentes en la manifestación del 8-M en Madrid que coreaban: «¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!» o afirmar que «en España los españoles por desgracia son violadores y lo son bastante». Pese a todas las polémicas de Pam y de Montero el Ministerio de Igualdad buscaba ampliar sus políticas con la aprobación de su ley más polémica, la conocida como Ley “Solo sí es sí”.
La Ley de “Solo sí es sí” pretendía (no sin criticas antes de su aprobación) eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual. La eliminación de esta distinción permitió que el rango de penas fuera más amplio y, con mínimos más bajos en algunos supuestos, supuso que la ley fuese aprovechada por los abogados de algunos condenados, que tenían derecho a que su pena se adaptase a la nueva ley si esta les resultaba más favorable. La ley supuso hasta 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones, lo que constituyó una autentica crisis dentro del gobierno entre PSOE y Podemos. Los socialistas rápidamente movieron ficha y tuvieron que rectificar algunos aspectos de la ley para poder poner freno a todas las situaciones que había provocado la ley. Tras la rectificación se produjo el adelanto electoral y el posterior gobierno del PSOE, pero todas las polémicas habían hecho mella en el Ministerio de Igualdad. Tras las elecciones del 23J y con la formación del actual gobierno, presidido por Pedro Sánchez, los socialistas y Sumar, especialmente Yolanda Díaz, decidieron apartar del ministerio a Irene Montero y a su círculo más cercano, incluyendo a la polémica Ángela Rodríguez Pam. En su sustitución entraba Ana Redondo, ministra socialista y la que actualmente ostenta el cargo y protagoniza las polémicas del ministerio.
Lejos de acabar con las polémicas de su antecesora, Redondo ha protagonizado algunos casos muy sonados, especialmente por sus anotaciones en un folio durante una reunión del ministerio tras los efectos de la DANA, en la que murieron decenas de valencianos. En el folio se podía leer «es nuestro momento», dando a entender que el gobierno y su ministerio debían aprovechar la tragedia para capitalizarlo electoral y políticamente, algo que fue muy criticado. Previamente la ministra ya fue criticada por la aprobación de la ley de paridad, que permitía despedir a trabajadores que solicitasen un permiso para el cuidado de un familiar y por decenas de casos de malversación de fondos de Igualdad.
La última de las polémicas del Ministerio de Igualdad ha sido la eliminación de la aplicación “Me toca”, impulsada con Irene Montero como ministra, con el fin de repartir las tareas del hogar entre las familias y las parejas que la descargasen. El resultado no pudo ser más desastroso, costando hasta 211.750 euros de erario público, obteniendo una calificación de 1,6 estrellas sobre 5. La aplicación duró poco en Apple Store y Google Play debido a las críticas y su escasa eficacia, desapareciendo un año después de su lanzamiento.
Si bien todas las polémicas y las leyes no han causado suficientes críticas, las cifras tampoco invitan al optimismo, sino que demuestran que se han dilapidado cientos de millones de euros para empeorar la situación de las mujeres en España. En los diferentes años el Ministerio de Igualdad ha recibido grandes cantidades para poder desarrollar sus políticas. Durante 2020 recibió 220 millones de euros; en 2021 otros 229; en 2022 llegaron hasta los 265 y en 2023 prácticamente dobló su presupuesto llegando hasta los 573. Sin embargo, lejos de reducir los asesinatos a mujeres, las violaciones o las agresiones sexuales, los delitos contra las mujeres han aumentado. En el caso de asesinatos de mujeres, en 2020 llegaron hasta 49, descendiendo a 48 en 2021 y aumentando a 84 en 2022 (teniendo en cuenta tanto las asesinadas fuera de la pareja y dentro de ella), 80 en 2023 y 51 en 2024. Las cifras de los aumentos de las agresiones sexuales en algunas zonas como Cataluña también demuestran la ineficacia del gasto en Igualdad, llegando a aumentar un 500 % desde 2016, muy ligado a la llegada masiva de inmigración, que solo en 2024 protagonizó el 91% de los condenados por violación. A su vez, en 2023 aumentaron un 20% las víctimas de matrimonios forzados en Cataluña, incluyendo a menores.
Pese a toda esta situación, el Ministerio de Igualdad sigue siendo uno de los ministerios más importantes del gobierno, a pesar de las innumerables polémicas y las ministras que han estado al frente de un ministerio muy costoso y poco eficiente vistos los resultados y los datos. Próximamente tendrá que intentar resolver nuevos frentes que llevan años debilitando a un movimiento feminista en clara decadencia y que cada 8-M reúne a menos gente.
