El pasado 27 de enero se inició una huelga en la fábrica de celulosa de Ence en Navia (Asturias); se prolongó hasta el 2 de febrero. La protesta fue convocada tras el anuncio de un ERE por parte de Celulosas Ceasa, filial de Ence. La empresa pretende suprimir 96 de los 380 empleos de la planta. Las movilizaciones han contado con un amplio seguimiento por parte de los trabajadores.
Se prevé que las negociaciones se reanuden los días 9 y 11 de febrero. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el comité de empresa se plantea una huelga indefinida tras siete días de paros. Lejos de mostrarse intransigentes, los trabajadores han manifestado su disposición a aceptar un ajuste de plantilla basado en prejubilaciones.
El comité de empresa se ha opuesto al expediente de regulación de empleo, al considerar que el supuesto ahorro en los costes de producción es «irrisorio». Por su parte, Ence explica que el ERE forma parte de su Plan de Eficiencia y Competitividad para 2026-27, tras haber sufrido cuatro trimestres de pérdidas. Sin embargo, el presidente del comité de empresa, Javier Zardaín, ha declarado que la compañía no atraviesa una situación de pérdidas reales; y que el plan de la empresa implicaría destruir cerca de un tercio de la producción.
El comité también ha señalado que existían precedentes antes del anuncio de este ERE. Pero que ahora la situación es especialmente grave, ya que casi un tercio de los empleos podrían perder su sustento. Asimismo, se ha acusado a la dirección de actuar de forma oportunista, aprovechando la bajada temporal del precio de la celulosa, cuando este ya se encuentra en proceso de recuperación. Por todo ello, durante las jornadas de protesta y bajo vigilancia policial, los trabajadores han bloqueado el acceso a la fábrica.
La paralización de la producción durante una semana se presenta como una medida desesperada para tratar de frenar el ERE. Si no se logran avances en las negociaciones, la única opción que quedará será la huelga indefinida. Los trabajadores consideran que no existe justificación para esta medida. Especialmente cuando es conocido que la empresa ha recibido desde 2021 más de 53 millones de euros en subvenciones públicas vinculadas a la preservación del empleo.
En este contexto, la plantilla continúa afrontando una situación de precariedad e inseguridad laboral, en lo que consideran un nuevo ejemplo del proceso de desindustrialización y precarización del empleo.
