España se ha convertido en el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social: un 25,8% de los ciudadanos, según Eurostat. Más de uno de cada cuatro españoles sobrevive con dificultades, entre salarios estancados, alquileres desorbitados y un coste de vida que no deja de subir.

Este deterioro social se produce bajo un Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, que se autodefine como «el más progresista de la historia». Sin embargo, las promesas de equidad y justicia social chocan con una realidad cada vez más cruda. Lejos de avanzar, los datos muestran un país en retroceso, donde la gestión del Gobierno no consigue frenar el crecimiento de la pobreza.

El panorama es especialmente alarmante entre los menores: el 34,7% de los niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, según el INE. Una cifra que compromete el futuro del país, al condenar a parte de la próxima generación a la exclusión desde la infancia.

A ello se suma el aumento de la pobreza energética: el 17,6% de los hogares no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, mientras el poder adquisitivo se desploma y los salarios apenas suben.

En este contexto, el modelo migratorio del Gobierno del PSOE y sus aliados tampoco aporta soluciones eficaces. Según la misma encuesta, el 54,1% de los inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, más del doble que la media nacional. Esta inmigración es bien recibida por la patronal, que en lugar de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores españoles, fomenta la llegada de mano de obra dócil y barata procedente de países del tercer mundo, dispuesta a aceptar empleos más precarios que los de los autóctonos. Los bajos salarios que perciben la población inmigrante se traducen en cotizaciones igualmente bajas, lo que hace inviable que puedan contribuir de forma significativa al sostenimiento del sistema de pensiones o de otros servicios públicos. Aun así, su llegada masiva sigue siendo presentada por la clase política como la solución a ese mismo problema.

Los grandes olvidados de este Gobierno son los trabajadores españoles, que ven cómo sus condiciones empeoran mientras se consolidan políticas que no les ofrecen ni protección ni futuro. Un gobierno que no defiende a su gente difícilmente puede llamarse progresista.