Durante años se ha repetido que España tiene <<demasiados funcionarios>> y que el empleo público es uno de los grandes lastres de nuestra economía. El argumento aparece de forma recurrente en tertulias, columnas de opinión y discursos políticos, hasta normalizarse en el debate público. Sin embargo, cuando se comparan los datos internacionales, el relato se viene abajo.
Según las estadísticas de la OCDE, España se sitúa por debajo de la media en el porcentaje que el empleo público representa sobre el empleo total. Mientras países como Noruega, Suecia o Dinamarca superan con holgura el 25 %, y Francia o Bélgica se mueven también en cifras elevadas, España ronda el 15,6 %, una proporción inferior a la media de las economías avanzadas. Lejos, por tanto, de la imagen de un país <<sobredimensionado>> de funcionarios.
Pero el mito no se queda ahí. A menudo se añade que un mayor empleo público empobrece a los países, como si existiera una relación directa entre número de funcionarios y nivel de vida. Para comprobar si esta afirmación tiene base real, se han cruzado dos variables: el porcentaje de empleo público y el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo, un indicador que permite comparar de forma más realista la riqueza entre países.
El resultado es claro: no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. La regresión lineal muestra una pendiente prácticamente horizontal, lo que indica que el peso del empleo público no explica si un país es más rico o más pobre. En otras palabras, no hay base estadística para sostener que aumentar el empleo público empobrezca una economía.
De hecho, algunos de los países con mayor renta per cápita del mundo cuentan también con sectores públicos amplios. Los países nórdicos son el ejemplo más evidente: altos niveles de empleo público, servicios públicos sólidos y elevados estándares de vida. La experiencia comparada demuestra que el tamaño del sector público, por sí solo, no determina el nivel de riqueza de un país.
La cuestión de fondo, por tanto, no es cuántos empleados públicos hay, sino qué función cumplen. No es lo mismo reforzar la sanidad, la educación, las infraestructuras o sectores estratégicos de la economía que aumentar estructuras puramente burocráticas sin impacto productivo. El empleo público puede contribuir al desarrollo económico si está bien orientado, o convertirse en un problema si se gestiona mal.
Reducir el debate a una cruzada contra los funcionarios solo sirve para ocultar los problemas reales del modelo económico. Los datos desmontan el mito: España no tiene un exceso de empleo público. La cuestión relevante no es cuántos empleados públicos hay, sino si esos empleados son necesarios y cumplen una función efectiva en aras del interés general.
