El Primer Ministro francés, François Bayrou, anunció el 15 de julio su plan para que Francia logre afrontar el grave problema con su deuda pública. Se refirió a esta cuestión como una «trampa mortal», ante la que propone un severo plan de ajuste económico.
El gobierno francés opta por duras políticas de austeridad con un plan que prevé recortar 43.800 millones de euros en 2026. El objetivo es reducir el déficit público, actualmente del 5,8%, casi duplicando el límite del 3% establecido por la Unión Europea.
Según François Bayrou durante cinco décadas los gastos han sido superiores a los ingresos del Estado francés. En respuesta el gobierno pretende reducir el sector público. Se congelaron las prestaciones sociales sin tener en cuenta la inflación, se eliminarán 3000 empleos públicos y se eliminará un puesto de funcionario por cada tres que queden vacantes.
En la misma línea las pensiones se mantendrán congeladas a nivel de 2025. Además tampoco se modificarán los tramos del impuesto sobre la renta ni las cotizaciones a la Seguridad Social. Todo esto implica la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores al tener que pagar más impuestos. En cuanto a los desempleados el Primer Ministro Bayrou pretende reformar el sistema de ayudas al desempleo. Anteriormente ya se había restringido el acceso a estas ayudas, exigiendo más meses trabajados y acortando la duración de los subsidios de 18 a 13,5 meses.
Sumado a todas estas propuestas de austeridad económica está el deseo de eliminar dos fiestas nacionales: el lunes de Pascua y el 8 de mayo, el Día de la Victoria. El objetivo es aumentar la productividad a costa de eliminar días de descanso y, en caso de trabajar, no cobrar el plus por festivos.
Todo esto se pretende equilibrar con impuestos a las grandes fortunas. Sin embargo, los gastos en defensa se salvan de los recortes, es más, se incrementa su gasto. Se estima que serán 3.500 millones más en 2026 y 3.000 millones más en 2027, siguiendo la política militarista y belicista marcada por la UE y la OTAN.
El gobierno francés, consciente de las dificultades que entraña aprobar su plan en el parlamento, ha mostrado su disposición de aplicar el artículo 49.3 de la Constitución. Esto le permitirá aprobar los presupuestos sin aprobación parlamentaria, aunque conlleve el riesgo de desencadenar una moción de censura. No sería la primera vez que se recurre a este mecanismo, ya en 2023 se aplicó infructuosamente para desvincular las pensiones del nivel de inflación. El partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, ha declarado que si el gobierno no retira su propuesta o no la modifica presentaría una moción de censura.
El país tiene problemas estructurales con la deuda pública. Ante esta situación el gobierno quiere cargar todo el peso sobre los ciudadanos de a pie mientras incrementa el gasto en defensa.
