Una vez más, la realidad supera a la ficción y el Ejecutivo español cada vez está más cerca de implantar la censura en nuestro país.
El pasado miércoles, el presidente Pedro Sánchez presentó la nueva herramienta HODIO, desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de OBERAXE. Según se indica en la propia página web de dicho ministerio, se trata de una herramienta que permite analizar la presencia de discurso de odio y polarización en las principales redes sociales utilizadas en España.
Según dicta esta misma página web, es importante medir el odio para proteger a los usuarios y promover entornos digitales más seguros. Además, indica que la metodología para analizar los datos se basa en la recogida automatizada de contenido, modelos de inteligencia artificial y revisión humana experta.
El propio presidente del Gobierno, en su comparecencia, comunicó que el objetivo de esta herramienta era “calcular la presencia, evolución y amplificación de los discursos de odio”, con el fin de “actuar e impedir el impacto social y democrático”.
Analizando toda la información disponible, podemos ver cómo, para no variar, la información es muy limitada. No se detalla qué es un discurso de odio exactamente o en qué se diferencia este de una mera opinión, por lo que las opciones son muy amplias y dependerá de las variables que se introduzcan en las herramientas de IA para realizar las búsquedas o del alcance e impacto de la persona que lo promueva en redes. Esto supone que la localización de los “discursos de odio” tendrá un sesgo que vendrá determinado por quien domine la herramienta de búsqueda, generando desigualdad en el trato e inseguridad jurídica, puesto que el hecho de no conocer qué parámetros determinan qué es un discurso de odio implica que los ciudadanos desconocen qué pueden decir sin que suponga un problema legal y qué no.
Además, según la información disponible en la web del ministerio, el objetivo es proteger a los usuarios de redes sociales frente a los discursos de odio. Los usuarios no necesitan que les protejan de insultos en las redes sociales cuando está claro que lo que pretenden es que esos discursos no lleguen a personas que puedan asumirlos como propios, lo cual atenta directamente contra la libertad de pensamiento de las personas y, lo que es más, cuestiona la capacidad de pensamiento crítico de los ciudadanos, ya que parece ser que les basta un discurso para tomar ese ideal como propio, independientemente de lo que vean o vivan realmente. De aquí extraemos una realidad mucho más oscura: si piensan que a los ciudadanos les basta con un discurso airado para cambiar su forma de pensar o de sentir, qué mejor que aprovechar tal circunstancia y eliminar todo discurso que pueda hacer competencia a los ideales promovidos por el propio Gobierno, con el fin de dirigir a la ciudadanía, como ovejas al redil, hacia los objetivos que este persigue.
Por otra parte, que el presidente de España diga abiertamente que pretende actuar e impedir el impacto social y democrático de dichos discursos permite vislumbrar que está insinuando que esos discursos van dirigidos a mermar su influencia política y que, por tanto, va a actuar para impedirlo. Por lo que, por mucho que digan que el objetivo es proteger a los usuarios de redes sociales, queda claro que se trata de una burda intención de ocultar el verdadero fin de esta herramienta, que permitirá identificar a aquellas personas que se oponen a los objetivos gubernamentales y neutralizarlas.
