La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por Antonio Vercher, ha abierto una investigación para comprobar si los municipios más afectados por los incendios de este verano cumplían con la obligación legal de contar con planes de prevención forestal.
Según el fiscal jefe, la magnitud de la ola de fuegos —la peor en tres décadas— solo puede explicarse por la ausencia o aplicación deficiente de dichos planes, exigidos desde la Ley de Montes de 2003. En caso de confirmarse la negligencia, los responsables podrían afrontar consecuencias penales o sanciones administrativas.
La Fiscalía ha ordenado un trabajo conjunto con Seprona, agentes forestales y policías locales, utilizando drones y sistemas de cartografía para detectar las zonas más vulnerables y contrastar si existían programas de prevención.
El problema, además, se agrava por la inacción del Gobierno central, que pese a haber fijado desde 2022 la obligación de elaborar planes anuales de prevención, todavía no ha aprobado el real decreto que establezca los criterios comunes para su aplicación. Aun así, las comunidades autónomas podían haber elaborado sus propios programas, algo que en muchos casos no se ha hecho.
En resumen, mientras miles de hectáreas arden y cientos de familias pierden sus hogares, la Fiscalía apunta a un vacío de responsabilidad institucional: ni municipios, ni autonomías, ni Moncloa han cumplido con su deber de anticipar la tragedia.
