La reforma recoge el uso de la «visión del teléfono móvil» para identificar el origen de los migrantes y asevera que las víctimas que han sufrido contrataciones ilegales tienen la posibilidad de obtener un permiso de residencia en el país transalpino
El Consejo de Ministros italiano ha aprobado una nueva regulación para controlar la llegada de la inmigración masiva. Con el objetivo de mejorar sus números, que han certificado una bajada de las personas que entran en el país de manera ilegal, Alfredo Montavano ha simplificado los puntos clave de la reforma.
Según ha recogido ‘Ansa’, la reforma aboga por conocer y registrar a las personas que llegan de manera irregular a Italia. Para clarificar los términos, Montavano ha expresado que la ‘visión del teléfono móvil’ permite conocer el «lugar de procedencia de las personas que buscan conseguir la nacionalidad italiana». Sin embargo, estos serán los únicos datos disponibles para los agentes.
«Los datos a los que se accederá son únicamente los destinados a identificar o conocer el origen, con la prohibición, de acceder a la correspondencia y a cualquier otra forma de comunicación», ha expresado ante los medios de comunicación el diputado.
La regulación se ha aprobado en un ambiente distendido sin la presencia de los ministros Nordio y Piantedosi, quienes han protagonizado diversos enfrentamientos desde el inicio de la legislatura, con el objetivo de acelerar los trámites y mejorar la seguridad del país italiano.
Las excepciones que recoge el documento contra la inmigración
Más allá de los datos para certificar la procedencia de las personas que llegan a la frontera, la reforma aboga por el uso de un mediador –con una autorización previa– y contempla una excepción en la entrada de los migrantes.
Las víctimas del mercado de la mafia que hayan trabajado sin una situación regulada en el sistema sanitario italiano o con un contrato que no se ajusta a la legislación ofrecida, tendrán la oportunidad de obtener un permiso de residencia con una duración de seis meses.
La ministra de Trabajo, Marina Calderone, ha remarcado la importancia de la reforma y ha certificado que las personas que hayan sufrido alguna práctica relacionada con la explotación laboral «tendrán la oportunidad de ampliar su permiso de residencia hasta los dos años». No obstante, el documento no refleja ninguna mención a los inmigrantes reincidentes, quienes se encuentran regulados con la legislación implementada en el año 2023.
