Junts jugó un papel clave en la formación del gobierno actual. Es consciente de que sus votos y apoyo son imprescindibles para mantener a Pedro Sánchez en la presidencia. Por ello, su lista de exigencias era larga. Entre ellas, está la solicitud de la transferencia de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña.

De momento, este partido está trabajando en una ley catalana sobre inmigración que se aplicaría si consiguiera obtener las competencias del Gobierno en este asunto.

Hace unas semanas, el presidente de Junts en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet, anunció que esta ley dará respuesta «a las necesidades específicas de Cataluña». Aspira a estar muy diferenciada de las leyes nacionales sobre inmigración. Según sus palabras, sería absurdo tener competencias para aplicar las mismas leyes «para hacer lo mismo que España». La idea no es replicar las políticas del gobierno central, sino ejercer esas competencias cedidas de manera diferenciada.

Mientras siguen las negociaciones sobre competencias de migración, Junts no quiere esperar a tener la ley lista. Si se cumple lo pactado con el PSOE, se podría disponer casi inmediatamente de una normativa que apoye el proyecto de Cataluña sobre inmigración, según indicó Batet.

Las presiones y la justificación de «necesidades específicas» usan como argumento principal que el 23 % de la inmigración en España se concentra en Cataluña.

Por el momento, el contenido de esta ley no está definido, pero hay indicios sobre qué aspectos podría incluir. Entre ellos, se plantea la acreditación del nivel de catalán para renovar permisos de residencia y agilizar la homologación de títulos extranjeros.

En todo caso, las autonomías ya disponen de cierta competencia sobre el tema. También ha habido movimientos autonómicos en el pasado para diferenciarse de la política nacional sobre inmigración y ceder competencias.

Las comunidades autónomas son responsables de las políticas de acogida e integración dentro de sus servicios sociales. Hay diferencias en la intensidad de su aplicación. Cataluña ha tratado de incluir política propia mediante una ley de 2020 que crea la Agencia de Migraciones de Cataluña, entre otros puntos.

Los permisos de trabajo y residencia también son competencia autonómica en parte. Las comunidades emiten un certificado indicando la insuficiencia de demandantes de empleo necesario para el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Además, son responsables de los informes de integración que se aportan en la renovación de las autorizaciones de residencia temporal o en la concesión de la autorización de residencia por arraigo social.

Ya en 2009, Cataluña recibió el traspaso de funciones y servicios en materia de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña. También el Gobierno Vasco pactó con el Gobierno Central en 2024 extender este traspaso al gobierno autonómico vasco.

No obstante, la aplicación total de esa ley y la cesión completa de competencias en materia de inmigración no será tan sencilla. Esto se debe a las normativas europeas y españolas (incluyendo la Constitución), que imponen límites. Es decir, cualquier ley autonómica tendría que alinearse con estas normativas superiores para ser viable.

La inmigración no es un tema limitado únicamente al Estado y a las comunidades autónomas. Al formar parte de la Unión Europea, España cede competencias en este ámbito. La UE establece directrices y normativas en la regulación de la inmigración y en las políticas de asilo. Estas limitan la capacidad de las regiones para implementar políticas completamente independientes.

Las competencias de la UE sobre asilo e inmigración se ampliaron con el último Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado formalmente por el Consejo de la UE el 14 de mayo de 2024. En este pacto se incluyen reformas para mejorar la gestión de la inmigración y el asilo en la UE, buscando una mayor responsabilidad compartida y solidaridad entre los Estados miembros.

En la Constitución Española se reservan ciertas competencias exclusivas al Estado, incluyendo la regulación de la inmigración. Por lo tanto, cualquier ley autonómica tendría que alinearse con estas normativas superiores para ser viable.

Los artículos concretos de la Constitución que regulan estos aspectos son el 149, que establece que «el Estado tiene competencia exclusiva sobre la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». Por tanto, la transferencia de competencias hacia una comunidad autónoma debería hacerse mediante una ley orgánica específica, según establece el artículo 150.2 de la Constitución: «El Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

Si se analizan las reacciones ante el anuncio de Junts de preparar una ley, estas son diversas.

De momento, la Unión Europea no ha emitido una declaración específica sobre la propuesta de Junts. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto general y el enfoque actual sobre este tema, con una especial preocupación por la seguridad y la necesidad de fortalecer las fronteras, es muy probable que cualquier propuesta de Junts que suponga cambios importantes deba ser evaluada con detalle.

Las asociaciones de inmigrantes, sin embargo, sí han comenzado a expresar su opinión sobre la propuesta de Junts. Afirman que estarán muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y al impacto real en la comunidad migrante. Algunas de las principales quejas y críticas se centran en los requisitos de catalán, que consideran una barrera. También han criticado el tono de Junts, que en su discurso sobre el tema tiende a vincular inmigración con delincuencia.

Las opiniones de los partidos políticos al respecto varían. El PSOE, obviamente por lo que se juega con ello, dice estar dispuesto a negociar con Junts. Sumar está de acuerdo solo si estas nuevas leyes y competencias mejoran la situación de los migrantes. El PP se muestra algo crítico y centra más su opinión en cómo deberían tratarse el tema a nivel general, incluyendo más control de las fronteras. VOX es el partido que se muestra más crítico.

Es importante también conocer la opinión de los votantes de Junts. En última instancia, es la motivación principal del partido para frenar el avance de formaciones como Aliança Catalana, que ha sido claramente crítica con el tema de la inmigración. Asimismo, Junts busca adaptarse a la evolución de la opinión pública catalana sobre este tema y ganar simpatías de votantes de ERC y PSC, que también están preocupados por el asunto.

Según un estudio del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, equivalente al CIS en el ámbito de la Generalitat), existe una opinión crítica en algunos sectores de la población catalana. Por ejemplo, un 60 % considera que hay demasiados inmigrantes. Este porcentaje llega hasta el 64 % entre votantes o simpatizantes de Junts, pero también incluye al 51 % de los votantes de ERC. Además, un 63 % de los catalanes considera que «el Gobierno ha perdido el control de quién entra en el país» (66 % entre votantes de Junts, 61 % entre votantes del PSC y 63 % entre votantes de ERC).

Veremos hacia dónde evolucionan estos acuerdos. Lo que es claro es que Junts es muy consciente de su poder para mantener al actual Gobierno. Este ha sido uno de los puntos más relevantes en su negociación de investidura y apoyo a Pedro Sánchez.