La llegada de la inmigración a nuestro país tiene diversas caras negativas, una de las peores, tanto por la situación de abuso a la que son sometidos los inmigrantes como por la depauperización de los salarios que tiene su llegada, es la de la situación de los inmigrantes en el campo, y especialmente en el andaluz, que a pesar de las múltiples denuncias públicas que se hacen sobre el tema sigue constituyendo uno de los principales problemas de nuestro país.
Para corroborar esta situación, Frontera Sur ha elaborado un informe sobre la situación de los inmigrantes que trabajan en el campo en las ciudades de Huelva y Almería. Los datos son alarmantes, casi 12.000 los inmigrantes que permanecen en asentamientos de Huelva y Almería carecen de lo más básico, sin tener acceso a «luz, agua, alejados de los núcleos urbanos, con riesgo de sufrir incendios, con dificultades para acceder a la sanidad y a la escolarización de menores y víctimas de todo tipo de abusos en el ámbito laboral». En el propio informe también ha colaborado La Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) y que, a través de su vicecoordinadora, Macarena Olid, ha explicado que para la elaboración del informe ha necesitado realizar entrevistas a los propios inmigrantes además de otras entidades y colectivos sociales o las propias administraciones públicas, de las que denuncia que han sido las menos dispuestas a colaborar en la elaboración del propio informe. Otra de las investigadoras del propio informe, Carmen Vázquez, destaca que pese a que la agricultura y su trabajo son los motores principales de la economía de ambas ciudades la remuneración por la jornada laboral es inferior del salario legal, 54 euros. Además, denuncia una precariedad extrema, llegando a definirlas como personas que «viven en esas condiciones infrahumanas». La situación numérica en ambas ciudades es parecida, llegando hasta 7.000 las personas que viven en asentamiento en Almería por otras 5.000 que lo hacen en Huelva. A estas cifras debemos sumarle una cantidad variable de las personas que decidan acudir al campo para trabajar en las campañas como la de los frutos rojos o aquellos inmigrantes que viven en los asentamientos, pero tienen problemas para poder empadronarse en los municipios y regularizar su situación
