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La guerra idiomática de la Generalitat

El Gobierno catalán se resiste a cumplir la obligatoriedad de que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano en las escuelas

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Las primeras ideas independentistas catalanas, nacen sobre finales del siglo XIX, curiosamente en Santiago de Cuba, de mano de Josep Narcís y el diario La Renaixenxa . La «estelada» ondeará por primera vez en esta ciudad cubana, pero será hasta principios del siglo XX cuando aparecen las primeras organizaciones independentistas (La Unió Catalanista) que  organizaron algún intento fallido de secesión. Con la llegada de la segunda república, Esquerra Republicana de Catalunya renuncia a la independencia por las promesas del gobierno Provisional de que presentaría en las cortes españolas el primer estatuto de autonomía catalán.

Luego vino la guerra, la represión franquista y la emigración de españoles de otras regiones, sobre todo a Barcelona y a su cinturón industrial, necesitado de mano de obra. Este proceso que ya se inició en los años 30 del siglo pasado se acrecentó durante los años 50 y 60, dando lugar a la actual composición social cuando se restaura el Estatuto de Cataluña, en la transición de los 70.

Pero el nacionalismo necesita del conflicto y de una cobertura identitaria para prosperar y ya las cuestiones raciales están completamente desprestigiadas, por lo que los políticos utilizan interesadamente la diferenciación cultural (muy poca en realidad) y sobre todo la lengua como elemento de unificación de lo propio y discriminación de lo ajeno. Se convierte así la lengua en un arma política.

Desde octubre de 2017, fecha del desafío secesionista hasta la fecha la utilización torticera de la lengua, la historia y la educación (adoctrinamiento), ha degenerado en una feroz persecución del castellano que está erosionando la convivencia y dejando consecuencias entre la población como las que analizaremos a continuación para poner en contexto actual el Problema lingüístico en Cataluña .

 En ese periodo un total de 7.743 empresas con sede social en Cataluña se trasladaron a otro lugar, según datos ofrecidos por Informa D&B. Esto representa el 24,6% de todas las modificaciones de sedes que se han registrado en el mismo periodo a nivel global, una barbaridad causada por los disturbios independentistas la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la radicalización de la política lingüística, que se planteó desde el procés. Motivos estos que se confirman como oportunos con la disparatada propuesta del presunto amnistiado Carles Puigdemont de obligarlas a regresar por las malas, solicitando represalias y sanciones para las compañías que se nieguen a regresar por las buenas.

¿Que empresario, funcionario o científico de alto nivel va a querer instalarse en Cataluña con su familia cuando a él y a sus hijos les obligarán a estudiar un idioma que solo les sirve allí?, o si nunca estarán seguros de si hoy o la semana que viene trabajar o hacer negocios en Cataluña será hacerlo en España o dejará de serlo. El resultado ha sido la debacle de la economía catalana y la perdida de talento que no duda en buscar viveros más amables y seguros. Sobre todo pierden los catalanes.

Por otra parte, se publica recientemente en los medios que el ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC, ha despedido a un clarinetista sevillano de 53 años, que lleva 27 tocando su instrumento en la banda municipal. La razón es que no posee el C1, nivel máximo de catalán, que se considera equivalente al de los estudiantes que acaban sus estudios tras su escolarización completa en catalán. El músico está en posesión del C2 de valenciano y se entiende perfectamente en catalán, después de tantos años viviendo en Barcelona y compartiendo con músicos catalanes y valencianos, pero eso no ha sido suficiente. Después de casi 30 años como interino (en un claro fraude de ley) cercenan su carrera profesional por una cuestión de mera política identitaria. 

Las mismas razones que en marzo del año pasado sirvieron para el cese de una enfermera del Hospital de la Vall d’ Ebron, que además fue denunciada y acosada por la Generalitat por atreverse a cuestionar la justicia de la exigencia lingüística y que acabó con un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud por parte de 42 sanitarios que se hallaban en la misma situación, apoyados por las asociaciones: Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español.

Cataluña tiene un déficit endémico de personal sanitario, hablamos que faltarían 10.000 a 25.000 enfermeros según la fuente consultada y que la Generalitat ha ido cubriendo en régimen de interinidad, con profesionales venidos del resto de España y que en muchos casos no tienen ese nivel de catalán. Esto supone una discriminación entre españoles por motivos de lengua que claramente choca con el artículo 14 de nuestra Constitución

Recordaremos también que el Tribunal Constitucional ya dictaminó que no se puede exigir un conocimiento del catalán desproporcionado a la función o puesto a desempeñar, de acuerdo con la constitución y con lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto de Autonomía en el mismo sentido, pero es público y notorio que los secesionistas no se sienten aludidos por las leyes ni por las resoluciones de los tribunales españoles.

Y por último y llamativo caso, el del cocinero del Alcalde de Barcelona, un cordobés que llevaba 17 años como interino en el Ayuntamiento, ha sido despedido, mientras estaba de baja médica, por no dar el nivel de catalán exigido. Supongo que podría cocinarle al regidor un bacalao con tomate en lugar de un bacallà amb tomàquet. ¡un riesgo intolerable!.

Estos trabajadores y otros muchos de diversos sectores con años de experiencia, han demostrado sobradamente su capacitación para el puesto que ocupan y ahora se encuentran con esta injusta y arbitraria barrera para estabilizar su plaza y además cuando protestan empieza la persecución y el acoso. Resulta evidente para cualquiera que no esté «enfermo de separatismo», que se está utilizando el idioma como arma política y el totalitarismo y la intimidación como herramientas de gobierno.

A cambio los españoles nos gastaremos un millón al año en traducción simultánea a los idiomas cooficiales para que sus señorías puedan evitar el bochorno de hablar en castellano en las Cortes españolas y si la cordura de la UE no lo remedia 132 millones para hacer lo mismo en el Parlamento Europeo, porque resulta que el gobierno de la nación se ha ofrecido a correr con los gastos de traducción también en Europa. Y así podremos pasar más a menudo la vergüenza ajena de escuchar al señor Gabriel Rufián, miembro destacado del partido secesionista Esquerra Republicana de Catalunya hablar desde la tribuna y sin despeinarse, en un catalán mal sonante,y chapucero. Ellos no necesitan ningún certificado, ni C1, ni C2, para llevarse calentito el dinero de todos los españoles.

Mientras todo esto ocurre y el castellano es perseguido en Cataluña como la lengua del enemigo (a pesar de que para la mitad de sus habitantes es la primera lengua) y mientras el Gobierno catalán se resiste a cumplir la obligatoriedad de que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano en las escuelas, como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y consagrado el Tribunal Supremo, resulta por lo menos asombroso el acuerdo de la Generalitat con la Liga Árabe para promover el idioma árabe en las escuelas del Principado. Acuerdo que significa la colaboración con dictaduras que basan sus leyes en una religión impuesta a la fuerza, persiguen al disidente, discriminan a las mujeres hasta casarlas por la fuerza o asesinarlas por cuestiones de honor familiar, persiguen la homosexualidad…

Y llegados aquí me surge una duda que pronto será significativa : ¿cómo se traducirá la Sharía al catalán y cuando se enseñará en las escuelas?

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