La Moncloa como refugio: cuando el poder confunde lo público con lo privado
España no atraviesa solo una crisis económica o institucional; atraviesa, sobre todo, una crisis moral en el ejercicio del poder. El último episodio que rodea a Pedro Sánchez lo ilustra con crudeza: la obligación legal de explicar por qué su hermano, imputado judicialmente, habría permanecido en el complejo de La Moncloa, durante cuánto tiempo y a costa de qué recursos públicos.
No es un asunto menor ni una anécdota familiar. La Moncloa no es una casa particular, es la sede del poder ejecutivo de una democracia. Convertirla —si se confirma— en refugio opaco para un familiar bajo investigación no solo vulnera principios básicos de transparencia: erosiona la confianza de los ciudadanos en que quienes gobiernan respetan las mismas reglas que exigen a los demás.
El problema no es solo el posible alojamiento, sino el silencio deliberado. Un silencio que obligó al Consejo de Transparencia a intervenir para recordar algo elemental: el poder debe rendir cuentas. Cuando un presidente evita explicar el uso de recursos públicos, no protege la intimidad; protege un privilegio.
Sánchez ha construido su relato político sobre la regeneración, la ejemplaridad y la ética pública. Pero los hechos, una vez más, van por detrás del discurso. No basta con proclamarse adalid de la limpieza institucional mientras se esquivan preguntas incómodas o se parapetan decisiones bajo el muro del hermetismo.
En una democracia madura, el listón no se coloca en “no es delito”, sino en “no es aceptable”. Y lo que aquí se cuestiona no es un tecnicismo legal, sino una forma de entender el poder como patrimonio personal. Si el presidente no tiene nada que ocultar, debería ser el primero en explicar por qué, cómo y a qué precio.
Porque cuando el poder deja de dar explicaciones, deja de ser democrático. Y cuando la Moncloa se percibe como un espacio fuera del control ciudadano, el daño no lo sufre un gobierno: lo sufre el sistema entero.
