La sanidad pública no se desmantela solo con recortes presupuestarios o concesiones hospitalarias. También se debilita cediendo funciones esenciales a entidades privadas, como ocurre con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entes gestionados por empresarios que han ido ocupando espacios propios del sistema público.
Nacidas en 1900 para cubrir accidentes laborales, su papel se ha ampliado en las últimas décadas. El punto de inflexión llegó con el Real Decreto 625/2014, que les permitió por primera vez emitir propuestas de alta en bajas por enfermedad común. Desde entonces, las mutuas han ganado influencia en procesos que nada tienen que ver con el trabajo, accediendo a historiales clínicos, derivando pruebas médicas e interviniendo directamente en el seguimiento de la incapacidad temporal.
Ahora, el Gobierno ha pactado con CEOE, CCOO y UGT un nuevo paso en esa dirección: las mutuas podrán gestionar directamente bajas por lesiones de origen traumático no laboral, como caídas o esguinces. No solo harán seguimiento, sino que ordenarán pruebas y tratamientos sin pasar por el sistema público. Para ello, recibirán 147 millones de euros en fondos públicos adicionales. Baleares, Navarra y Andalucía ya han firmado convenios, y otras nueve comunidades están en camino.
El discurso oficial justifica esta cesión de competencias como una forma de “aliviar” la Atención Primaria o de “reducir el absentismo laboral”. Pero si realmente se quisiera atajar el problema, lo lógico sería reforzar el sistema público con más personal, medios diagnósticos y capacidad asistencial, no transferir funciones clave a entidades privadas que actúan bajo criterios empresariales. Las mutuas no buscan curar antes, sino recortar tiempos de baja y costes laborales. Su prioridad no es la salud del trabajador, sino su pronta reincorporación. El Gobierno, en lugar de mejorar lo común, se lo desmantela para beneficio de quienes hacen negocio con la enfermedad.
La sanidad pública se queda con lo lento, lo caro, lo crónico. Lo rentable va a la privada y todo con la firma de quienes dicen representar a la clase trabajadora. Por lo tanto, dejar que una mutua decida cuándo estás curado no es eficiencia: es regresión social.
