La pasada semana, Margarita Robles manifestaba ante toda la opinión pública un mensaje de calma con respecto a los peligros del archiconocido Caso Pegasus. En ellas, la ministra subrayó que las informaciones sustraídas desde el teléfono móvil del Presidente del Gobierno no comprometería la seguridad nacional. A pesar de ello, en ningún momento se ha confirmado desde fuentes oficiales la autoría del hackeo a distintos miembros del ejecutivo del estado español. Las principales sospechas, al menos por el momento, apuntan directamente a Marruecos. Así lo entiende el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que en estos momentos se encuentra investigando el rol de los servicios de inteligencia marroquíes dentro de la trama. Según se publicaba desde el diario «El Español», Calama ha recibido desde Francia que sitúa a Rabat sobre el centro de la operación
Pese a todo ello, el pasado 9 de abril, el director del Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, tachó de «bulo, maledicencia y teoría conspiranoica» la opción de que Marruecos hubiese estado detrás del hackeo.
El ataque se dió en mayo del año 2021 en medio de una encrucijada diplomática con el país vecino debido a la acogida en un hospital español a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. En aquel momento, Marruecos respondió propiciando la llegada de 10.000 inmigrantes ilegales a la frontera con Ceuta.
Se estima que tanto los teléfonos del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como los de los ministros Fernando Grande-Marlaska de interior, Lluis Planas de agricultura y Margarita Robles de defensa han sido hackeados. Desde París se instruye una causa similar ante el presunto espionaje por parte del país del atlas sobre dos activistas prosaharauis; este episodio no es el primero que involucra a Marruecos, más aún teniendo en cuenta que a través del software se intentó hackear al presidente Macron.
En julio de 2023, el magistrado terminó archivando la investigación debida a la «falta de cooperación jurídica de Israel»; el país que está registrado el grupo NSO propietaria del software Pegasus. El juez Calama reabrió la investigación sobre el supuesto espionaje del programa sobre los móviles del presidente del gobierno al haber recibido información por parte de Francia y una Orden Europea de Investigación (OEI). En ella se incorporan las distintas infecciones del programa espía sobre los teléfonos de periodistas, activistas, miembros del Gobierno francés y demás personalidades públicas. Desde el Centro Criptológico Nacional (CCN) los dispositivos infectados posibilitan «establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación», ya que la investigación francesa determina que «cada servicio que utilizaba el programa Pegasus creaba una infraestructura que podía usarse para atrapar varios números».
Sin tener en cuenta el contenido de la información que se ha obtenido de los dispositivos telefónicos de los distintos miembros del ejecutivo, una declaración del grupo NSO ya justifica una investigación judicial. La compañía afirma que su sistema de espionaje solo puede ser utilizado «para ayudar a las agencias gubernamentales a investigar el crimen y el terrorismo». A día de hoy, no se conoce ninguna declaración que nos permita dilucidar si la compañía ha revocado la licencia de su aplicación a Marruecos. Por tanto podemos deducir que, si realmente ellos ordenaron el espionaje, tendrían que haberlo justificado como una medida necesaria para combatir el crimen.
Lo cierto es, que este descubrimiento no está exento de polémica, más aún, si tomamos en cuenta que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), avisó hasta en 9 ocasiones diferentes a Moncloa del peligro potencial que suponía el software de espionaje israelí Pegasus. Los informes eran enviados directamente por expertos del CCN, que llevan años alertando del auge del ciberespionaje en nuestro país.
