Los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea celebraron el 5 de septiembre una reunión clave para debatir el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), el conjunto de normas y ayudas que regula y financia gran parte del sector agrícola europeo. La sesión se centró en cómo simplificar la normativa vigente con el objetivo de reducir la burocracia, mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas y reforzar el apoyo económico a los agricultores, un colectivo que en los últimos años ha expresado reiteradamente su malestar por las cargas administrativas, el encarecimiento de los costes de producción y el impacto de fenómenos climáticos adversos.
Según cálculos de la Comisión Europea, las modificaciones podrían traducirse en un ahorro anual de hasta 1.600 millones de euros para los agricultores de los países miembros. No solo los productores se beneficiarían: las administraciones nacionales también verían reducida su carga administrativa, lo que permitiría destinar más recursos a asesorar y acompañar al sector.
La iniciativa forma parte del denominado “paquete legislativo ómnibus III”, adoptado por la Comisión el pasado 14 de mayo. Este paquete pretende revisar y simplificar dos normativas clave: el Reglamento sobre los Planes Estratégicos de la PAC, que define las ayudas directas y las políticas de desarrollo rural, y el Reglamento Horizontal, que establece las condiciones de gestión y control de estas ayudas.
Entre las medidas más destacadas figuran:
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Menos controles y trámites administrativos: Se busca simplificar la condicionalidad de las ayudas, haciendo que las normas sean más fáciles de cumplir, sobre todo para pequeños agricultores. También se incrementaría el número de pagos directos a este colectivo, considerado especialmente vulnerable.
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Reducción de inspecciones sobre el terreno: Se propone disminuir las visitas y verificaciones físicas en las explotaciones agrícolas, lo que reducirá costes y trámites. Además, se eliminaría la liquidación anual del rendimiento, que hoy supone una carga administrativa adicional.
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Pagos en casos de catástrofes naturales o climáticas: Uno de los puntos más relevantes para países como España, que ha sufrido recientemente sequías y tormentas, es la posibilidad de que los Estados miembros otorguen pagos extraordinarios a agricultores afectados por desastres naturales, con el fin de garantizar la continuidad de su actividad.
Otra novedad importante es la mayor flexibilidad para que los Estados definan las llamadas “buenas condiciones agrarias y medioambientales” que los agricultores deben cumplir para recibir ayudas. Esto permitiría a los países adaptar las exigencias medioambientales a su realidad local, aunque críticos advierten que esta flexibilidad podría suavizar algunos estándares ecológicos a largo plazo en favor de un alivio financiero inmediato.
Asimismo, la propuesta amplía el acceso a herramientas de gestión de riesgos, eleva los pagos directos anticipados y persigue que las políticas europeas sean más ágiles y adaptables ante la crisis climática, los desafíos de los mercados internacionales y la presión de los costes de producción.
La PAC es una de las políticas históricamente más relevantes y con mayor presupuesto de la UE, y representa un pilar estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Por ello, los cambios propuestos serán objeto de debate y negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo en los próximos meses, antes de su eventual aprobación y entrada en vigor.
