La polémica en torno a la cátedra universitaria que dirige Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa creciendo a medida que se conocen nuevos detalles sobre su financiación y los vínculos empresariales implicados.
Según diversas informaciones, la cátedra de “Transformación Social Competitiva”, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), contó con el apoyo económico de varias empresas y organismos públicos que, en paralelo, habrían recibido subvenciones y contratos por parte de diferentes ministerios del Gobierno central.
De acuerdo con una investigación de El Debate, uno de los colaboradores de dicha cátedra habría recibido hasta 117.000 euros en subvenciones procedentes de tres ministerios distintos, una cifra que ha despertado inquietud sobre posibles conflictos de interés.
Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que una asesora de Begoña Gómez realizó gestiones con diversas empresas para buscar financiación privada, según recoge Antena 3 Noticias. Estos movimientos estarían siendo analizados dentro de la investigación judicial abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En otro frente, un informe publicado por El Economista situó la cátedra de Gómez entre las diez más financiadas de la Universidad Complutense, si bien las cantidades documentadas están muy lejos de los 300 millones de euros que algunos medios y redes han difundido sin respaldo oficial.
Hasta el momento, ni la Presidencia del Gobierno ni la propia Universidad Complutense han ofrecido una explicación detallada sobre la procedencia exacta de los fondos o los criterios de selección de las empresas colaboradoras.
El caso sigue su curso judicial, y la atención pública se centra ahora en determinar si existieron favores institucionales o adjudicaciones cruzadas entre las entidades que financiaron la cátedra y los ministerios del Ejecutivo.
Una vez más, la falta de transparencia en la gestión universitaria y la intersección entre poder político y sector privado reabren un debate necesario sobre ética pública, control de subvenciones y rendición de cuentas.
