En la última sesión regular plenaria del Parlamento Europeo, España ha sido protagonista de parte de los debates y votaciones. Y no precisamente de una manera positiva.

La preocupación es doble. Por un lado, la posible vulneración de la separación de poderes en España. Por otro, la posible usurpación por parte del Estado. Sobre este último, ya había mostrado preocupación la UE. Ya en 2024 un informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, dio algunas evidencias y advirtió sobre posibles indicios de que en España se estaba desvirtuando la separación de poderes.

Otro antecedente fue la pregunta de la Europarlamentaria del bloque PPE, al que pertenece el PP, Dolors Montserrat, dirigida a Michael Mc Grath (Comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores de la UE).  Según el protocolo de la UE los parlamentarios pueden dirigir preguntas a los comisarios según el tema; en la pregunta se informaba de que Pedro Sanchez había acusado a un “político de conocer las decisiones judiciales antes que nadie y de jugar con las cartas marcadas», lo que sugería que Sánchez acusaba a los jueces de tomar decisiones por razones políticas. Y también aseguró que a Sánchez le preocupaba que algún juez contribuyese a la labor de oposición.

• 1.¿Considera la Comisión Europea admisibles los ataques desde el Gobierno  (de España) contra los magistrados que están investigando las causas contra el entorno del líder socialista?
• 2. ¿Iniciará un diálogo estructurado con el Gobierno en el marco del próximo informe sobre el Estado de Derecho, para detener los ataques contra la judicatura desde el Gobierno?

A lo que el Comisario respondió: “en su informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión recordó que, de acuerdo con las normas europeas, si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el poder judicial debe gozar de la confianza pública para poder desempeñar su labor correctamente, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. Esto es especialmente importante en lo que respecta a las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial.

La Comisión señaló que las partes interesadas habían expresado su preocupación por las declaraciones públicas de políticos que criticaban al poder judicial en España. El riesgo de que las declaraciones públicas de Gobiernos y de los políticos puedan afectar a la confianza pública en la independencia judicial ha suscitado preocupación también en otros Estados miembros. La Comisión seguirá trabajando con todos los miembros, incluida España, para promover el Estado de Derecho.

Aspectos que se evidenciaron el jueves 22 de Mayo en el pleno del Parlamento Europeo, donde se hizo una llamada de atención a España «por ataques al Estado de derecho y la separación de poderes» por parte del Gobierno español.

A esta situación se llega modificando el texto de un informe sobre la actividad de la comisión de Peticiones.  A esta comisión han llegado numerosas consultas sobre este tema de separación de poderes y también numerosas consultas sobre la ley de amnistía

El texto del informe tuvo que ser enmendado por petición de la delegación de Vox (perteneciente al grupo Patriotas por Europa). El informe en su redacción inicial, indicaba que “la Eurocámara toma nota del incremento repentino de peticiones de origen español durante el segundo semestre del pasado año, acerca de los riesgos que para el Estado de derecho en España representaba la voluntad del Gobierno de aprobar una ley de amnistía contraria al ordenamiento constitucional y europeo». Y tras la propuesta de Patriotas por Europa a través de los eurodiputados de Vox, quedo redactada incluyendo una frase adicional, que incluye el texto “la institución lamenta los ataques al Estado de derecho y la separación de poderes perpetrados por el Gobierno español”.

La enmienda fue llevada a votación y salió adelante con 298 votos a favor – 273 en contra y 15 abstenciones.

La reescritura de este texto y la amonestación que conlleva no ha gustado nada al gobierno de Sanchez, por lo negativo que proyecta del país entre todos los países europeos. Por lo que el Gobierno no en defender sus acciones y ha subrayado su compromiso con la democracia y el respeto a las leyes.  También indican que están trabajando en resolver las preocupaciones del Parlamento Europeo, especialmente con lo relativo a la ley de Amnistía.  Reiteran su disposición y al dialogo con las instituciones europeas.  Pero no muestra un plan de acción completa o hechos para apoyar esta preocupación.