Los accidentes no se lamentan, se previenen

Nuevamente hemos tenido que ver varios accidentes de tren en nuestro país, el más grave de ellos en Adamuz, Córdoba. En esta ocasión por el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con otro tren Alvia, que ha dejado por el momento hasta 43 víctimas mortales y decenas de heridos. Posteriormente, entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) se produjo otro descarrilamiento sin fallecidos. Desgraciadamente, en Gelida, Barcelona, un tren de la línea 4 de Rodalies chocó contra un muro de contención que cayó a la vía, lo que provocó que el convoy descarrilara. El maquinista ha muerto y 41 personas han resultado heridas, algunas de gravedad, pero fuera de peligro. Estos hechos han provocado una gran consternación dentro del país, en el que la respuesta ciudadana ha vuelto a ser ejemplar, al igual que en los últimos y graves sucesos de la Dana.

Sin embargo, estas altruistas acciones se ven opacadas en gran medida por la gran incompetencia de las autoridades. Es por ello, y aunque el dolor de las víctimas y sus familiares es lo primero, que también se deben exigir responsabilidades políticas, especialmente cuando en poco más de un año hemos vivido situaciones terribles que podían haber sido evitadas. Solo por mencionar las más recientes debemos hablar del apagón sucedido en abril del año pasado y de lo ocurrido en noviembre de 2024, cuando la Dana dejó más de 200 muertos, decenas de heridos y varias zonas del país devastadas. En ambos casos la gestión de los principales partidos políticos fue totalmente nefasta, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad, no aclarando los motivos por los que ocurrió, y no ejerciendo la autocrítica que los políticos deberían de hacer en estos casos.

Si la autocrítica ha sido nula, las dimisiones de los responsables políticos tampoco han sido habituales. El ejemplo claro de ello fue Mazón, que siendo consciente de su negligencia nunca la aceptó, en gran medida por el lamentable papel del PP, que respaldó al líder del partido en Valencia, y solo le apartó por oportunismo político un año después de la tragedia. En el caso del apagón no existía una “versión oficial” hasta hace unos meses, cuando el panel de expertos del Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) publicó un informe en el que se señalaba que una «cascada de sobrevoltaje” había sido la responsable de dejar todo el país sin luz durante horas. Más allá de este informe no se han dado más detalles por parte del gobierno. Al igual que en el caso Mazón, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (Red Eléctrica), fue la gran señalada por la negligencia ocurrida. Su sueldo anual era de 546.000 euros, pese a que no tenía ninguna formación académica relacionada con el sector energético. Su única valía era la de ser afín al PSOE y al gobierno, por lo que pese a la negligencia no ha dimitido de su cargo ni ha pedido ningún tipo de disculpas.

Estos ejemplos nos ayudan a comprender hasta qué punto el sistema político español está podrido. Es más que previsible que nadie asuma las responsabilidades de este nuevo accidente. El actual ministro de transportes, Óscar Puente, salió a dar explicaciones en rueda de prensa, afirmando que había sido un “accidente extraño”, pues se había producido en una recta. Con estas afirmaciones el ministro deja constancia de que es algo ajeno a su control o del ministerio, pese a que las primeras hipótesis apuntan al mal mantenimiento de la vía. Desde hacía meses las quejas por la falta de inversión y la peligrosidad de circular por las vías con tal cantidad de desperfectos se habían sucedido, especialmente por los sindicatos de maquinistas. Pese a estas advertencias una vez más el poder político decidió hacer oídos sordos. El propio ministro Óscar Puente, que tanto alardea de que “el tren vive sus mejores años”, se ha encargado personalmente de depauperizar el sector, eliminando recientemente una unidad de emergencia y gestión de crisis, precisamente diseñada para estos casos, proponiendo ser sustituida por otra con diferentes atribuciones. Además de esta vergonzosa medida debemos tener en cuenta que durante años se ha financiado con cientos de millones de euros las infraestructuras ferroviarias de países como Marruecos, Egipto y Uzbekistán, una total incoherencia si vemos el estado de todo el sistema de nuestro país y los 22 descarrilamientos, sin víctimas, que se produjeron en 2024. Por todo ello Puente lleva señalado desde que asumiera Transportes, un ministerio ya señalado por el antiguo ministro, José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva por sus numerosos escándalos, muchos de ellos relacionados con el ministerio y sus prácticas corruptas. Una de ellas afecta a Azvi, una empresa implicada en la trama de corrupción que tenía contratado a Koldo García y que fue responsable del tramo que ha causado el accidente.

En definitiva, este accidente sigue demostrando que la ciudadanía no merece la clase política que la gobierna. Pero en estos casos siempre hay que optar por el optimismo, pues nuestro país nunca se ha caracterizado por rendirse, venirse abajo y sucumbir ante las dificultades nacionales. Quedó demostrado en la Dana, quedó demostrado estos días en Adamuz, y quedará demostrado en el futuro cuando seamos capaces de superar la decadencia en la que hoy se encuentra España.