El 7 de mayo, el presidente de Mali, Assimi Goita, anunció la suspensión de las actividades de los partidos políticos. Esta medida fue propuesta en las consultas nacionales, boicoteadas por la oposición al gobierno.

Mali debe hacer frente a una insurrección armada de islamistas y grupos secesionistas tuareg, a la vez que conduce su transición política, fruto de los golpes de Estado de 2020 y 2021. Por el momento, el gobierno dirigido por el general Goita parece querer reforzar la autoridad gubernamental en torno a su liderazgo. No hace mucho que este coronel, que tomó la presidencia del país, fue nombrado general. Además, hace unas semanas, durante unas consultas nacionales denominadas como Diálogo Intermaliano para la Paz y la Reconciliación Nacional (DIPRN), se propuso alargar el mandato de Goita cinco años prorrogables. Aunque lo más polémico para la sociedad maliense es la suspensión de las actividades de los partidos políticos, además del endurecimiento de las condiciones para crear nuevas formaciones políticas.

Otras recomendaciones de estas consultas fueron establecer una edad para ser dirigente político, entre 25 y 75 años, o impedir a los jefes de los pueblos y a los líderes religiosos participar en campañas electorales. Ante la posibilidad de cumplir con las recomendaciones de las consultas, se organizaron manifestaciones el día 3 de mayo. En las concentraciones se exigió el fin del gobierno de transición a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Las protestas se repitieron el día 8 de mayo, después de que el parlamento revocara la ley sobre partidos políticos. El Consejo Nacional de Transición, cuyos miembros son designados por el gobierno de transición, dio su visto bueno a esta decisión.

El presidente de transición alegó, para su decisión, razones de orden público. Los diversos partidos de la oposición declararon su intención de recurrir jurídicamente la decisión gubernamental.

El clima político en Mali ya era tenso debido a varias cuestiones. En primer lugar, en 2022 se anunció que habría elecciones en 2024, pero, llegado ese momento, se aplazaron indefinidamente. A finales de 2024, fue destituido el primer ministro Choguel Maiga por criticar la decisión del gobierno de prolongar la transición indefinidamente. Choguel Maiga, que era un civil, fue sustituido por el general Abdoulaye Maiga. Tras esto, el gobierno perdió el apoyo de la parte civil del gobierno de transición, compuesta principalmente por el movimiento R5-RFP, que inicialmente apoyó el golpe de 2021.

La transición maliense debe hacer frente ahora a la oposición civil, que ve violada la Constitución de 1992. El gobierno del general Goita se encuentra en una situación complicada ante la imposibilidad de derrotar a los insurgentes secesionistas e islamistas, algo que resta credibilidad a su mandato, lo que le obliga a reforzar su autoridad.

Por su parte, el panorama en Burkina Faso es igualmente difícil. A menudo se argumenta que el aplazamiento de las elecciones se debe a la situación bélica de los países, un argumento que tiene parte de verdad. Esto lo vemos en ataques como el del pasado 11 de mayo en Djibo, en el que los islamistas asaltaron un cuartel y un centro médico, matando a decenas de personas. Pero el más sangriento ocurrió mientras el presidente Ibrahim Traoré se encontraba en Moscú. El 13 de mayo, un ataque sobre un campamento militar en Djibo, que ha sido reivindicado por el JNIM, la filial de Al Qaeda, se saldó con la vida de en torno a 100 personas, según fuentes no oficiales.

La violencia en el Sahel está condicionando en gran medida la política interna de los Estados de la región. El islamismo está a la ofensiva y, cada vez más, sus objetivos se dirigen a los países aledaños.