Ya queda menos para que entre en vigor una nueva subida de cotizaciones destinada a las pensiones. A partir del 1 de enero de 2026 se aplicará plenamente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado por el Gobierno en marzo de 2023. Esta cotización adicional pretende reforzar el sistema público de pensiones, pero su impacto real será reducido: una deducción media de unos 3,5 euros mensuales en las nóminas y un coste anual máximo de 95 euros para los sueldos más altos.
Cinco sextas partes de esta nueva cotización recaerán sobre las empresas y una sexta sobre los empleados. El Ejecutivo la presenta como un instrumento de previsión ante el envejecimiento de la población, pero la AIReF ya ha advertido que el MEI “no mejora de manera significativa la sostenibilidad futura del sistema”, ni altera el perfil de gasto previsto para las próximas décadas.
El problema de fondo no es la falta de recaudación, sino la estructura de nuestro mercado laboral: salarios bajos, empleo precario, productividad estancada y una base de cotizantes que crece sin suficiente estabilidad. Con ese escenario, cualquier subida de cuotas corre el riesgo de ser un parche temporal, sin resolver las causas del desequilibrio.
Defender el sistema público de pensiones no implica aceptar sin más cada nueva deducción. Significa exigir que se financie de manera justa, estable y solidaria. Si de verdad se quiere proteger el sistema público, habría que mirar hacia las rentas altas y los grandes patrimonios, establecer una fiscalidad progresiva que reparta mejor el esfuerzo y reforzar la inspección sobre los beneficios extraordinarios de sectores que apenas contribuyen.
El futuro de las pensiones públicas también depende de una política económica y social coherente: fomentar la natalidad, garantizar vivienda asequible, facilitar la conciliación y crear empleo estable. Sin una base poblacional activa y segura, ningún mecanismo financiero garantizará el futuro del sistema.
El Estado tiene la obligación de preservar este pilar del bienestar, no de reducirlo a una operación contable. El MEI puede aliviar las cuentas en el corto plazo, pero no sustituye una estrategia de país. La verdadera equidad intergeneracional no consiste en restar tres euros más al mes a quienes ya sostienen el sistema, sino en asegurar que las generaciones futuras tengan empleo digno, salarios decentes y un horizonte vital que les permita, algún día, jubilarse con dignidad.
